El Parlamento ignora la Constitución al funcionar solo como un receptáculo de solicitudes ciudadanas.
En Madrid, un reciente estudio de Political Watch ha revelado que tanto el Congreso como el Senado están fallando en su deber constitucional al tratar las demandas de la ciudadanía como meras formalidades. Según el análisis, estas instituciones funcionan como "un simple buzón", sin realizar el seguimiento necesario a las solicitudes que los ciudadanos presentan, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y eficiencia en el manejo de estas peticiones.
El informe pone de manifiesto que esta falta de acción contrasta con modelos adoptados en países como Alemania, Reino Unido y Estonia, donde las demandas respaldadas por una cantidad significativa de firmas deben ser debatidas en el Parlamento. Political Watch sugiere que España debería emular estos enfoques para asegurar que las peticiones que cuentan con mayor apoyo popular sean discutidas seriamente.
De acuerdo con el estudio, esta situación ha llevado a un creciente número de ciudadanos a dirigir sus demandas no solo al Congreso y al Senado, sino también al Parlamento Europeo, donde se registra que España es el país con mayor número de peticiones enviadas, representando un 23% del total en 2023, o a plataformas de activismo como Change.org.
El informe, titulado 'El derecho de petición en el contexto digital', fue presentado y elaborado en colaboración con la entidad pública Red.es, en el marco de un convenio respaldado por los fondos europeos NextGenerationEU. Este estudio critica la inacción del Parlamento, señalando que las prácticas actuales van en contra de los artículos 29 y 77 de la Constitución, que garantizan a los ciudadanos el derecho fundamental a formular peticiones por escrito a las instituciones públicas.
Asímismo, el informe resalta que la Comisión de Peticiones del Congreso ha tenido un rendimiento notoriamente bajo desde 2011, reuniéndose solo entre 45 minutos y 3 horas al año, en comparación con las 150 horas que dedica la Comisión de Presupuestos en cada legislatura. Esto ilustra la escasa atención que las demandas populares reciben por parte de los representantes del pueblo.
Además, el estudio indica que las solicitudes que llegan a las Comisiones de Peticiones del Congreso y del Senado no generan impacto en las funciones parlamentarias, evidenciando que estas instituciones actúan meramente como intermediarias sin un análisis real de las demandas recibidas. Desde el inicio de esta legislatura, el Congreso ha recibido 386 solicitudes, de las cuales 380 fueron dirigidas a otras instituciones, mientras que en el Senado se han archivado la mayoría de las recibidas.
La falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo se intensifica, ya que los ministerios manejan menos de una petición al mes, lo que subraya un vacío en la atención a las preocupaciones de la ciudadanía. Temas cruciales como el funcionamiento de la justicia, la Ley de Amnistía y condiciones en las cárceles han quedado en gran medida sin respuesta.
El informe, redactado por expertos en Derecho y Política, concluye que el problema no radica únicamente en el número de peticiones, sino en la falta de seguimiento y evaluación de su impacto real. La comparación con otras democracias europeas resulta inquietante, donde existen mecanismos claros que obligan a los Parlamentos a reaccionar ante las demandas sociales.
Parte de la solución podría residir en la adopción de medidas más efectivas en las comunidades autónomas, como se ha evidenciado en Asturias y Cataluña, donde se han implementado regulaciones específicas para fortalecer el derecho de petición. Mientras tanto, el estudio sugiere crear plataformas digitales públicas y establecer umbrales de firmas que automaticen el proceso de discusión en el Parlamento.
Por último, los autores hacen hincapié en que hay que mejorar la capacidad de respuesta de la Comisión de Peticiones y vincular las demandas ciudadanas a la agenda legislativa, para que sean realmente consideradas y respondidas de manera efectiva. "No estamos proponiendo un cambio radical, sino activar lo que ya está contemplado en nuestra Constitución", finaliza el informe.
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