El PP plantea ampliar sanciones en la UE por conflictos de intereses tras caso de esposa de Sánchez.

El Partido Popular propone en su programa electoral que los condenados por delitos de terrorismo no puedan ser contratados en instituciones europeas.
MADRID, 4 Jun.
El PP plantea en Bruselas que la nueva directiva anticorrupción de la Unión Europea refuerce las sanciones ante posibles conflictos de intereses en los Gobiernos, especialmente en relación a la investigación judicial a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.
En su programa de 21 páginas para las elecciones europeas del 9 de junio, el PP presenta "80 compromisos" frente a los desafíos democráticos, sociales, culturales, económicos e industriales, y geoestratégicos actuales.
Entre los compromisos, el PP se compromete a liderar la defensa del Estado de Derecho en las instituciones europeas y a apoyar la restricción de indultos y amnistías por delitos de corrupción, además de solicitar una investigación sobre la injerencia rusa en Cataluña y reforzar el marco normativo contra el espionaje y la desinformación en la UE.
Además, plantea la creación de un nuevo delito europeo de traición y una reforma de la euroorden para agilizar detenciones entre Estados miembros, buscando fortalecer la cooperación judicial internacional en el ámbito penal.
El PP también propone ampliar las competencias de la Fiscalía Europea, reformar el Código Penal español para evitar casos como el "caso Delcy" y garantizar la independencia de RTVE y la Agencia EFE, entre otros compromisos.
En materia de sondeos y estadísticas, el PP propone un Reglamento europeo para garantizar la independencia de los centros de investigaciones sociológicas de los Estados Miembros, basado en criterios profesionales y transparentes.
Finalmente, el partido incluye propuestas para proteger los derechos de las víctimas del terrorismo y evitar el enaltecimiento de delincuentes condenados, así como una reforma de la ley electoral española para evitar trampas de partidos nacionalistas y promover que el español sea una lengua de trabajo en la Comisión Europea junto con otros idiomas.
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