La controversia en torno a la participación del PSOE como acusación popular en el caso Koldo ha suscitado un debate intenso, especialmente ante la posibilidad de que su posición legal pueda verse comprometida. Este panorama se presenta tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de investigar a José Luis Ábalos, ex 'número tres' del partido, en relación con una presunta organización criminal que habría aprovechado su estatus para obtener contratos públicos durante la pandemia.

Desde las filas del Partido Popular (PP), se han manifestado en contra de que el PSOE asuma este papel de acusación, argumentando que su propia responsabilidad en los hechos podría estar en cuestión. Alberto Durán, abogado del PP, expresó sus dudas en un escrito enviado este viernes, enfatizando la incongruencia que podría surgir si el PSOE, que enfrenta la posibilidad de una imputación penal o civil, se posiciona como acusador en este procedimiento.

El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha optado por unirse a varios recursos de reforma presentados por diferentes organizaciones, incluidos Vox y la asociación Liberum, en contra de la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de permitir que el PSOE se personara en este caso. Los opositores al PSOE destacan que la admisión de su acusación podría resultar en un conflicto de intereses, dada la gravedad de las acusaciones que envuelven a su ex líder.

En su argumentación, el PP señala dos aspectos críticos que el juez instructor debe considerar: las implicaciones de Carmen Pano y Leonor Pano en las investigaciones y la declaración de Pano, quien ha afirmado que Víctor de Aldama le instruyó para entregar una suma considerable de dinero en la sede del PSOE en Ferraz. Estos elementos, según el PP, exigen que se realicen diligencias judiciales para esclarecer los hechos, lo que podría alterar la dinámica del caso y afectar la posición del PSOE.

A pesar de estos cuestionamientos, el PP ha destacado que el PSOE solo mostró interés en ser parte del caso Koldo después de las declaraciones de De Aldama, quien ha sido objeto de una acción legal por injurias y calumnias por parte del partido. Esto sugiere una percepción de victimización por parte del PSOE, lo cual complica aún más la situación jurídica en la que se encuentra inmerso.