El Partido Popular (PP) ha puesto en el punto de mira la Ley de Vivienda aprobada en 2023, argumentando que esta normativa ha llevado a la retirada de más de 120.000 viviendas del mercado de alquiler habitual debido a un aumento en la "inseguridad jurídica". Ante esta situación, la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo tiene la intención de solicitar la derogación de la ley en el Congreso la próxima semana.

El PP presentará en el Pleno de la Cámara Baja una moción que emana de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la última sesión plenaria. En este contexto, el partido argumenta que la ley, resultado de un pacto entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu, ha llevado a muchos propietarios a decidir vender sus propiedades, sacar sus inmuebles del mercado o pasarlos al alquiler temporal.

Según el análisis del PP, esta situación ha generado una presión alarmante sobre la disponibilidad de viviendas, afectando particularmente a las zonas más desfavorecidas. "Las familias trabajadoras y la clase media están siendo desplazadas de los centros urbanos debido a esta crisis de acceso a la vivienda", puntualiza la formación.

Para ilustrar la gravedad de los efectos de la legislación, el PP menciona el caso de Cataluña, pionera en la implementación de medidas para regular los precios de alquiler. Datos de Idealista citados por el PP indican que, en el último año, los precios en esta comunidad han experimentado un incremento del 8,7%. Además, de cada tres viviendas que se retiran del mercado de alquiler en España, una se encuentra en Cataluña, y en Barcelona, por cada piso disponible, hay ahora 341 solicitudes, un número significativamente mayor que las 77 de antes de la norma.

El PP argumenta que esta ley es "intervencionista" y ha provocado "inseguridad jurídica, incremento de precios, disminución de la oferta y un auge en la ocupación ilegal". En este marco, el partido denuncia también el creciente fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, señalando que actualmente hay alrededor de 100.000 viviendas ocupadas en España, con un 30% de los afectados eligiendo no presentar denuncia debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.

Ante este escenario complicado, el PP exige soluciones urgentes para enfrentar la ocupación ilegal y garantizar que quienes ocupan viviendas de manera irregular sean desalojados en un plazo de entre 24 y 48 horas. Además, la moción incluirá propuestas para implementar medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda para jóvenes. También se planteará la creación de un "Proyecto Residencial Estratégico", diseñado para simplificar los procedimientos de planeamiento, gestión y ejecución, acortando los plazos de construcción de diez a solo cuatro años y reservando la mitad de las nuevas viviendas para aquellos que necesiten opciones asequibles.