MADRID, 18 de octubre.

La próxima semana, el Pleno del Congreso de los Diputados se sumergirá en un importante debate relacionado con una proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP). Esta iniciativa solicita al Gobierno una auditoría "integral" sobre el sistema de control telemático diseñado para monitorear a los maltratadores.

Según los detalles que han trascendido a través de Europa Press, el PP exige que se realice una auditoría que abarque aspectos “técnicos, operativos y judiciales” de Cometa, el sistema que gestiona las pulseras de control telemático desde que se cambió el proveedor a comienzos de 2023.

Esta solicitud por parte del PP surge tras un aviso de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien destacó en su Memoria para 2024 un aumento de las absoluciones relacionadas con fallas en los dispositivos de control telemático de maltratadores.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo plantea este tema ante la Cámara Baja. De hecho, en una sesión celebrada el pasado 24 de septiembre, el Congreso reprobó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a la gestión de las pulseras telemáticas, en el contexto de una moción surgida tras una interpelación urgente.

La propuesta del PP también incluye una evaluación del impacto que ha tenido la pérdida de datos en los procedimientos judiciales, demandando un análisis pormenorizado que incluya la cantidad de casos afectados, las resoluciones judiciales comprometidas y los riesgos para las víctimas, divididos por comunidades autónomas y provincias.

Además, el partido solicita que se presenten a la comisión los informes que acrediten la profesionalidad y capacidad técnica de las empresas encargadas. En lo que respecta a los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema Cometa desde 2023, el PP argumenta que deberían incluirse detalles sobre sus características, certificaciones técnicas, homologaciones y controles de calidad que validen su fiabilidad.

De igual manera, el PP pide información sobre la compra de estos dispositivos, incluyendo sus costos, proveedores y las razones que llevaron al cambio de un modelo de alquiler a la adquisición directa por parte del Ministerio de Igualdad.

En su comunicado, hacen hincapié en la necesidad de evaluar la fiabilidad de los dispositivos actuales y exigen que se reemplacen si se determina que no cumplen con los estándares de seguridad para las víctimas.

Por otra parte, el PP solicita que se informe a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre las causas técnicas de los fallos detectados en un periodo máximo de 60 días. También quieren que se expongan las medidas implementadas para recuperar o restaurar datos perdidos, así como los protocolos actuales de seguridad y supervisión del sistema.

Adicionalmente, se propone establecer un mecanismo de supervisión permanente que involucre a las diferentes administraciones implicadas, con el objetivo de garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias.

Finalmente, el PP aboga por mejorar la información en los juzgados y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el uso de estos dispositivos y las mejoras implementadas, con la finalidad de asegurar una respuesta efectiva frente a cualquier fallo técnico que pueda surgir.