Las calles de Tiflis se han convertido en un escenario de intensas manifestaciones por tercera noche consecutiva, en respuesta a la decisión del Gobierno georgiano de suspender el proceso de adhesión a la Unión Europea. Esta serie de protestas refleja el creciente descontento de la población hacia un Ejecutivo que muchos consideran ilegítimo y que, según la oposición, ha llegado al poder mediante prácticas fraudulentas.

En medio de este tumulto, el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, lanzó una advertencia contundente a la presidenta Salomé Zurabishvili, recordándole que su mandato culminará en menos de un mes. “Le quedan cuatro viernes”, enfatizó, dejando claro que, a partir del 29 de diciembre, espera que entregue el cargo al nuevo presidente electo. La presidenta ha sido firme en su postura, argumentando que su permanencia en el cargo es un reflejo de la falta de legitimidad del actual Gobierno.

Kobakhidze, en un tono despectivo, insinuó que Zurabishvili aún estaba indecisa sobre su futuro, afirmando que “no puede levantarse de su asiento”. Esta retórica subraya la profundidad de la crisis política en Georgia, donde el debate sobre la legitimidad de las autoridades se intensifica. Según el sitio de noticias Tabula, la tensión entre ambos líderes ha alcanzado niveles alarmantes, con Kobakhidze aseverando que “la señora Salomé tendrá que salir al igual que su silla”.

La presidenta Zurabishvili, en un acto de desafío, se declaró decidida a permanecer en su posición después de las elecciones programadas para el 14 de diciembre, argumentando que “como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo”. Enfatizó su rol como “la única institución independiente y legítima” del país, lo que agudiza aún más la lucha de poder entre ella y el partido en el Gobierno, Sueño Georgiano.

Al expresar su indignación, Zurabishvili ha calificado a las elecciones recientes como “robadas”, sugiriendo que la intervención de Rusia ha jugado un papel siniestro en el proceso electoral. Este enfrentamiento entre la presidenta y el Gobierno ha incrementado la polarización política en un país que busca acercarse más a la comunidad europea.

Mientras tanto, la situación en las calles se ha vuelto cada vez más violenta. La Policía ha respondido a las manifestaciones con tácticas de represión, utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los numerosos manifestantes reunidos frente al Parlamento. Esta brutalidad policial ha llevado a la detención de alrededor de un centenar de personas durante la noche, un hecho que ha suscitado una fuerte condena tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Bruselas, Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos de los manifestantes pacíficos. Ha advertido que podría haber consecuencias serias para el Gobierno georgiano si continúa esta represión. “El uso de la violencia contra manifestantes pacíficos no es aceptable”, afirmó Kallas, instando a las autoridades a respetar tanto la voluntad del pueblo como la Constitución de Georgia.