El 22 de agosto, la Policía Federal de Brasil ha hecho pública una acusación alarmante contra el expresidente Jair Bolsonaro. Según los informes, las transacciones bancarias del exmandatario durante el periodo de 2023 a 2025 sugieren la posibilidad de actividades de blanqueo de capitales. Esta información se enmarca en la investigación que busca esclarecer la supuesta red de intentos de Bolsonaro para sabotar su propio proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado.

El informe elaborado por el organismo señala que entre marzo de 2023 y junio de 2025, las operaciones financieras de Bolsonaro presentan "indicios de un posible lavado de dinero". En este mismo documento, se revela que en el transcurso de 2023 y 2024, el exlíder brasileño recibió una suma que asciende a 30,5 millones de reales, lo que equivale a unos cinco millones de euros, lo que ha levantado muchas cejas en el contexto político actual.

La Policía también ha denunciado a Bolsonaro y a su hijo, Eduardo Bolsonaro, por el delito de coacción. Se alega que ambos promovieron desde Washington acciones en contra del Gobierno brasileño y del sistema judicial, con la finalidad de interferir en la investigación que acosa al expresidente por sus intentos de golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir del 4 de agosto, Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su incumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas. Entre estas, se le acusa de haber financiado con hasta dos millones de reales, equivalente a unos 300.000 euros, actividades proselitistas en Estados Unidos. Su campaña estaba orientada a apoyar tarifas del 50% sobre importaciones brasileñas y a promover sanciones contra figuras clave del poder judicial en Brasil, incluido Alexandre de Moraes, juez del Supremo que lidera el caso. Cabe destacar que en este punto, Donald Trump ha expresado un interés particular en la situación legal del expresidente brasileño.