El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido impulsar una iniciativa en el Congreso para condenar formalmente el denominado "bibliocausto" llevado a cabo durante la Guerra Civil española. Se busca que este capítulo oscuro de nuestra historia, que implicó la quema de libros considerados subversivos por las fuerzas franquistas, sea investigado y oficialmente documentado. Además, se pretende incluir este tema en el currículo escolar, así como reconocer el valor de aquellos valientes libreros, bibliotecarios y editores que fueron perseguidos por su compromiso con la cultura.

Esta propuesta, presentada en el contexto de la próxima conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre, busca traer a la luz un episodio que ha sido en gran medida silenciado. A través de esta proposición no de ley, el PSOE se posiciona como defensor de la memoria histórica y el derecho a acceder a una cultura diversa y plural.

El partido recuerda cómo, tras el golpe de estado de 1936, España fue escenario de quemas de libros al estilo de las que se llevaron a cabo en Alemania por los nazis tres años antes. Según el PSOE, este proceso de destrucción del patrimonio bibliográfico fue sistemático y orquestado por un régimen que se empeñó en borrar este “capítulo negro” de la historia, lo que hace urgente y necesario su investigación.

De acuerdo con la iniciativa del PSOE, desde los primeros días del alzamiento militar se inició un asalto a la cultura: la incautación de libros y la depuración de bibliotecas se convirtieron en objetivos prioritarios para los sublevados. Muchos profesionales de la educación y la cultura pagaron el precio más alto por su dedicación, enfrentándose a la represión y siendo incluso ejecutados por su labor.

La Falange, junto con el ejército franquista, no sólo llevó a cabo actos de quema de libros, sino que instó a sus seguidores a hacer lo mismo, tal como lo documentaron los periódicos de la época. Un hito trágico en esta historia fue la gran quema de libros que tuvo lugar en A Coruña el 19 de agosto de 1936, donde ardieron obras de destacados autores españoles, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

A medida que la guerra avanzaba, se implementaron decretos que obligaban a la población a entregar libros prohibidos, como ocurrió en Sevilla bajo órdenes de Queipo de Llano. En este contexto, también se incendiaron los fondos de bibliotecas en pueblos pequeños y se purgaron bibliotecas universitarias, con actos simbólicos como el que tuvo lugar en Madrid en 1939, donde jóvenes estudiantes quemaron libros en un acto orquestado en el Día del Libro.

Las comisiones depuradoras se encargaron de clasificar y destruir libros, dejando aquellos que no eran destruidos en recintos restringidos apodados “infiernos”, que permanecerían cerrados hasta la llegada de la democracia en 1975. El legado de aquellos valientes libreros y bibliotecarios, que dieron su vida por la cultura, no puede ser olvidado, y el PSOE ha mencionado varios nombres emblemáticos que representaron esta lucha.

Algunos de los profesionales que se enfrentaron a la represión y pagaron con su vida por su compromiso incluyen a Miguel d'Ilo de Ceuta y la maestra Pilar Salvo, entre otros. Además, los que sobrevivieron en la zona republicana también enfrentaron represalias, como es el caso de María Moliner, la creadora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, quien fue posteriormente marginada de su cargo. La propuesta del PSOE representa una oportunidad crucial para visibilizar y honrar a aquellos que lucharon por el acceso a la literatura y el conocimiento en tiempos de oscuridad.