En un giro trascendental hacia la justicia y la equidad, el Tribunal Supremo de México ha declarado la inconstitucionalidad de la práctica de realizar abortos sin el consentimiento de la mujer, incluso en escenarios donde se alegue que esta se encuentra "imposibilitada" para decidir. Esta decisión, que se tomó el lunes, no solo marca un hito legal, sino que también apunta a combatir las formas persistentes de discriminación contra las personas con discapacidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó, a través de sus redes sociales, que se ha invalidado una sección del Código Penal de Sinaloa, la cual permitía la interrupción del embarazo sin el consentimiento expreso de la mujer o persona gestante bajo algunas circunstancias. Esta medida responde a la inacción del Congreso de Sinaloa, que no reformó la norma en el tiempo establecido por el Tribunal, lo que llevó a la eliminación de la controvertida frase que eximía del consentimiento.

Este cambio normativo es particularmente relevante para las personas con discapacidad, ya que la Primera Sala del Supremo subrayó que cualquier noción que implique inferioridad o insuficiencia es claramente discriminatoria y contraria a la visión del modelo social de la discapacidad. Se ha enfatizado que la falta de control sobre la salud sexual y reproductiva ha afectado desproporcionadamente a las mujeres y personas gestantes con discapacidad.

El documento oficial señala que la erradicación de esta porción del código tiene como objetivo asegurar que, en todos los casos, se obtenga el consentimiento previo y completamente informado de las mujeres. Esta medida no solo reafirma el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sino que también fortalece la autonomía reproductiva, el derecho a la salud, y promueve la igualdad y la no discriminación dentro del contexto del modelo social de la discapacidad.

Además, el fallo establece que esta disposición tendrá efectos retroactivos, beneficiando a aquellas personas que se encuentren actualmente involucradas en procesos legales o que hayan sido condenadas por el delito de aborto, rectificando así injusticias pasadas y ofreciendo un camino hacia la reforma y la dignidad.