MADRID, 9 de diciembre.

El Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el responsable de la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La corte afirma que esta acción fue realizada con "intervención directa" o a través de terceros, pero siempre con su "pleno conocimiento y aceptación". Este hallazgo proviene del análisis detallado expuesto durante el juicio.

El fallo, que abarca 180 páginas y ha sido consultado por Europa Press, comienza revisando los eventos cronológicos desde que la Agencia Tributaria puso en marcha una auditoría sobre González Amador, hasta la divulgación del correo electrónico crucial y una nota de prensa que llevaron a que el empresario fuese rotulado por "diversos medios de comunicación y algunos miembros del Gobierno" como un "delincuente confeso".

La investigación se remonta al año 2022, cuando el organismo fiscal inició una "actuación inspectora" relacionada con el impuesto sobre sociedades de la empresa Maxwell Cremona, administrada por González Amador, bajo sospecha de posibles delitos fiscales en los años 2020 y 2021.

Fue el 2 de febrero de 2024 cuando el abogado de González Amador, Carlos Neira, comunicó formalmente su intención de reconocer la veracidad de los hechos y de compensar "el daño causado" ante la Agencia Tributaria, demostrando así su disposición a colaborar.

Tras el intercambio de correos entre la defensa y la Fiscalía, el 5 de marzo se presentó una denuncia ante los Juzgados de Madrid. Cuando esta denuncia fue asignada el 12 de marzo, el fiscal se aseguró de enviar una copia al abogado de González Amador para garantizar su derecho a una defensa adecuada.

El Tribunal Supremo señala que fue el 7 de marzo cuando Diego Villafañe, teniente fiscal en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, solicitó a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, el expediente completo sobre González Amador. Al día siguiente, se proporcionó la documentación a Rodríguez y a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

La información sobre el caso salió a la luz el 12 de marzo gracias a una publicación de 'elDiario.es', que reveló datos del expediente tributario y la denuncia presentada por la Fiscalía.

Un día después, el 13 de marzo, 'El Mundo' reportó que la Fiscalía había propuesto un pacto de conformidad a González Amador, citando parcialmente un correo de Julián Salto, el fiscal encargado del caso.

Los magistrados sugieren que este reportaje y mensajes en redes sociales de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, llevaron a la Fiscalía General del Estado a actuar rápidamente para investigar la filtración.

En su fallo, el Tribunal Supremo señala que la información fue enviada a la Cadena SER desde la Fiscalía General del Estado, con el conocimiento y la aprobación del fiscal general, permitiendo a la emisora informar sobre el pacto ofrecido a González Amador.

Actuando en tiempo real, un periodista de la Cadena SER, a las 23:25 del 13 de marzo, anunció que había tenido acceso al correo que se había enviado a la Fiscalía, utilizando frases que afirmaba ser textuales. Posteriormente, la emisora publicó el contenido completo del correo en su página web.

Los detalles del correo, especialmente el que discutía el pacto de 2 de febrero, fueron revelados por primera vez públicamente aquella noche. Esa misma noche, la directora de comunicación de la Fiscalía, siguiendo instrucciones de García Ortiz, redactó una nota para su difusión al día siguiente, 14 de marzo, que fue adelantada y publicada por el diario 'El País'.

El tribunal indica que, a eso de las 7:00 horas, García Ortiz instó a Lastra a que su Fiscalía emitiera la nota. Sin embargo, Lastra, molesta por la filtración, cuestionó si García Ortiz había autorizado su divulgación, recibiendo como respuesta que "eso ahora no importa".

Al no obtener respuesta, García Ortiz decidió contactarla vía WhatsApp, insistiendo en la necesidad de difundir la nota para evitar un relato que consideraba falso.

Finalmente, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó el comunicado, luego de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo, argumentando que su contenido no cumplía con las pautas habituales de comunicación pública.

Como consecuencia de la filtración y la subsequentemente elaboración de la nota, varios medios y miembros del Gobierno comenzaron a catalogar a González Amador como "delincuente confeso", mientras que el procedimiento penal en su contra sigue activo en un juzgado de Madrid.

En su veredicto, el Tribunal Supremo también aborda la queja de la defensa de García Ortiz, que cuestionó la "ambigüedad" en las acusaciones. Los magistrados responden que el carácter del proceso judicial se va definiendo a medida que avanzan las diligencias de investigación, lo que permite una "cristalización progresiva" de los hechos.