El Tribunal Constitucional de España ha decidido no otorgar la suspensión cautelar de las penas de inhabilitación solicitada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Estos dirigentes habían presentado recursos de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar la malversación asociada al proceso independentista de Cataluña.

Este pronunciamiento fue alcanzado en una reunión del Pleno del tribunal, que abordó el tema este martes tras un debate que quedó pendiente desde diciembre del año anterior. Los magistrados intentaron llegar a un consenso unánime respecto a la situación de estos líderes, condenados por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Tribunal sostiene que la continuación de las penas de inhabilitación no generaría un “perjuicio irreparable” que pudiera comprometer la finalidad de sus recursos de amparo, según se detalla en el comunicado emitido este martes.

En su argumento, el tribunal también tuvo en cuenta varios factores: la duración prolongada de las penas de inhabilitación a los exconsejeros y a Junqueras, que se extienden hasta 2030 y 2031 respectivamente; el tiempo que queda por cumplir, que supera los cinco años; la previsión del plazo necesario para decidir sobre los recursos de amparo, que sería “manifiestamente inferior”; y la imposibilidad de realizar un juicio anticipado sobre la validez de las demandas presentadas.

Es importante recordar que estos cuatro políticos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por malversación y sedición. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez les indultó en 2021 respecto a las penas de prisión, las penas de inhabilitación permanecieron firmes, ya que el Tribunal Supremo consideró que la malversación cometida entra dentro de las excepciones que la ley establece para una eventual amnistía.

El Tribunal Supremo había argumentado que el dinero que se malversó representaba un enriquecimiento personal de los líderes independentistas, dado que utilizaron fondos públicos para fines partidistas, lo cual afectó los intereses económicos de la Unión Europea, pues una posible secesión de Cataluña podría impactar negativamente en los ingresos comunitarios provenientes de España.

Ante esta situación, los condenados presentaron su apelación al Tribunal Constitucional y solicitaron la suspensión de sus penas de inhabilitación mientras su queja principal se resolvía. No obstante, el tribunal ha rechazado sus solicitudes cautelares, apoyándose en informes elaborados por comisiones de magistrados de diferentes orientaciones políticas. Ahora queda a la espera que el TC se pronuncie sobre el fondo de los recursos a lo largo del próximo año.

La Fiscalía del TC ya se oponía a la suspensión cautelar, argumentando que tal decisión implicaría anticipar juicios sobre el fondo de los recursos. Además, sostenía que mantener las inhabilitaciones no causaría un “daño irreparable” a los peticionarios.

Lejos de ser un caso único, este debate se enmarca dentro de la doctrina constitucional que aconseja rechazar la suspensión de penas vigentes cuando el periodo restante por cumplir excede el tiempo que el Tribunal Constitucional suele emplear para resolver los recursos, lo que se aplica en este caso concreto.

Además, existen observaciones no vinculantes, pero relevantes, como las que presentó el abogado general de la UE, Dean Spielmann, el 13 de noviembre, que indicaron que no es aceptable forzar a los tribunales nacionales a emitir fallos absolutorios ni a levantar medidas cautelares aun si aún no se ha llegado a una resolución en el Tribunal de Justicia de la UE.

En sintonía con este contexto, el expresidente catalán Carles Puigdemont, junto con los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, también han presentado recursos ante el TC en oposición al fallo del Supremo que se negó a amnistiar la malversación relacionada con el 1-O, solicitando la suspensión de las órdenes de detención que pesaban sobre ellos.

Al igual que los otros exdirigentes, sus recursos han sido aceptados a trámite, aunque se prevé que las solicitudes cautelares —que aún están por llegar al Pleno— sean denegadas, según las fuentes consultadas sobre este asunto.