El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la Ley de Educación o 'Ley Celaá', argumentando que la norma respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y que en el sistema educativo debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas". La mayoría de los magistrados respaldaron la ponencia de Ricardo Enríquez, aunque los cuatro magistrados conservadores anunciaron voto particular.

En un primer borrador, Enríquez propuso respaldar la 'Ley Celaá' excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género", y que las administraciones dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado" con necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, la mayoría progresista del TC rechazó este borrador y Enríquez redactó un segundo borrador que recogiera el sentir mayoritario, el que finalmente fue aceptado.

El Constitucional ha desestimado los reproches del partido Vox contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales conforme al principio de inclusión. En cuanto al derecho a recibir educación en castellano, la sentencia explica que la nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, así como con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto a los derechos lingüísticos de los alumnos.

La sentencia también ha concluido que la diferencia de trato que establece el apartado primero de la disposición adicional 25 de la Ley de Educación entre los centros educativos que separan al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que "no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales".

El tribunal también ha respaldado la modificación de la programación de centros que hace solamente referencia a las plazas "públicas" y suprime el criterio de la "demanda social" contenido en la redacción anterior. Además, ha rechazado la alegada vulneración de las garantías de procedimiento legislativo y del artículo 169 de la Constitución.

En general, a pesar de que los magistrados conservadores han anunciado voto particular, el Tribunal Constitucional ha considerado que la 'Ley Celaá' respeta los derechos y valores constitucionales, y no es inconstitucional.