El reciente informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve importantes carencias en la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que debería ser clave en la lucha contra la pobreza en España. Según los datos presentados, en 2023, solo el 40% de las personas que potencialmente podrían beneficiarse de esta ayuda realmente la recibieron, lo que pone en tela de juicio la efectividad de esta iniciativa social.

Desde su lanzamiento en 2020 hasta finales de 2023, el IMV ha logrado llegar a 658.828 hogares, alcanzando a cerca de 1.9 millones de individuos, con un gasto total de 8.086 millones de euros. Sin embargo, el número de hogares beneficiados en el último ejercicio fue de 331.236, lo que equivale a una inversión de 3.286 millones de euros. Estos resultados sugieren que, a pesar de ser considerada “la medida más potente” en la lucha contra la pobreza, su diseño actual no está correctamente alineado con las políticas estatales de inclusión social.

El informe señala que este programa no tiene un objetivo específico relacionado con las diferentes intensidades de pobreza, lo que impide que se dirija adecuadamente a quienes más lo necesitan. En consecuencia, el IMV se ha convertido en una herramienta que simplemente garantiza un nivel mínimo de ingresos sin abordar realmente las necesidades de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Un dato alarmante revelado por el Tribunal es que tan solo el 21% de los hogares en situación de pobreza severa estaban recibiendo el IMV en 2024, a pesar de que existen aproximadamente 538.325 hogares sin ingresos en el país. Esta situación es el reflejo de una compleja realidad social en la que muchas personas, que podrían beneficiarse de la ayuda, no la solicitan ni la reciben.

Desde 2020 hasta diciembre de 2023, se presentaron más de 2.3 millones de solicitudes para acceder al IMV, pero el 68% de ellas fueron rechazadas por no cumplir con ciertos requisitos. Este hecho evidencia una desconexión entre los criterios establecidos y la realidad económica de muchas familias, lo que agrava aún más el problema de la pobreza.

La burocracia y las dificultades digitales también han sido identificadas como obstáculos significativos en el acceso a este recurso vital. Según el Tribunal, el tiempo medio de respuesta para las solicitudes en 2023 fue de 154 días, y el 42,67% de los casos superó el tiempo máximo legal de seis meses. Este retraso no solo complica la situación de las familias, sino que también revela fallos en la eficiencia del sistema administrativo encargado de gestionar el IMV.

Entre las “deficiencias” marcadas, se señala que la cantidad recibida por los beneficiarios es provisional hasta que se realiza un control de ingresos, lo que genera incertidumbre. Además, el INSS emplea dos aplicaciones distintas para gestionar el IMV, lo que dificulta la continuidad y eficiencia del proceso y contribuye a la confusión de los solicitantes.

El Tribunal de Cuentas también ha llamado la atención sobre el diseño del incentivo al empleo incluido en la ley que regula el IMV. Este sistema se activa únicamente con incrementos anuales en los ingresos, lo que significa que, si los ingresos se mantienen constantes durante dos años, el beneficiario pierde el incentivo y se ve obligado a devolver parte de la ayuda recibida.

Ante esta situación, el Tribunal ha realizado varias recomendaciones tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sugiriendo una reorientación del IMV hacia la cobertura del umbral de pobreza severa y mejoras en la eficiencia del proceso de admisión. Esta llamada a la acción es fundamental para garantizar que la lucha contra la pobreza en España sea efectiva y realmente beneficie a quienes más lo necesitan.