En un movimiento controvertido, el Tribunal de Cuentas de España se encuentra en la posición de evaluar si es viable llevar a cabo un informe que analice el gasto que diversas administraciones destinan a la inmigración, calificada como "ilegal" por algunos sectores. Esta decisión surge en el contexto de presiones políticas que buscan mayor claridad sobre el uso de recursos públicos en este ámbito.

Fuentes del propio Tribunal han confirmado a Europa Press que, al recibir la petición para una auditoría, procede a examinarla para garantizar que se alinee con sus competencias legales antes de incluirla en su programa anual de fiscalizaciones. Este proceso burocrático es un estándar, pero está claro que el contexto político juega un papel crucial.

El 7 de octubre, la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas aprobó una solicitud formulada por el partido Vox, que solicita un informe sobre los gastos relacionados con la inmigración 'ilegal' y los menores no acompañados. La votación resultó en 20 apoyos (principalmente de PP y Vox) frente a 15 en contra (de PSOE y otros socios), sin que se registraran abstenciones.

Vale la pena destacar que esta propuesta no es un hecho aislado. A principios de septiembre, Vox había presentado dos propuestas de fiscalización para debatir en la misma comisión, donde cuenta con la complicidad del PP, lo que les garantiza una mayoría absoluta. Sin embargo, durante la sesión del martes, solo se aprobó la auditoría sobre los costos de la "inmigración ilegal", excluyendo la gestión de menores no acompañados, que también había sido planteada por este partido.

En el anuncio de sus propuestas, Vox argumentó que el propósito subyacente es revelar a la opinión pública el costo de la inmigración ilegal, un tema que aseguran está siendo deliberadamente ocultado tanto por el PP como por el PSOE. Critican la falta de transparencia y la resistencia a responder a sus solicitudes de información en relaciones con distintos organismos.

Estas iniciativas se presentan en un contexto en el que el líder de Vox, Santiago Abascal, argumentó que el gasto en inmigración ilegal supera lo que se invierte en la atención de ancianos españoles en residencias, una afirmación que busca movilizar el apoyo popular en torno a una narrativa de prioridades nacionales.