La empresa Ferrovial está valorando la posibilidad de apelar la reciente decisión judicial que la afecta directamente.

Madrid, 16 de marzo. La situación se complica para Ferrovial tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado un recurso interpuesto por la compañía. Este recurso se relaciona con un pago de 73,4 millones de euros recibido en 2021 por parte de la Comunidad de Madrid, que corresponde a la construcción de la autopista M-203 iniciada en 2005. Lo curioso es que esta infraestructura nunca llegó a entrar en operación, y Ferrovial esperaba recibir al menos 32 millones de euros adicionales, así como otros 144 millones en conceptos de lucro cesante.

En el fallo emitido el 5 de febrero, que ha sido consultado por Europa Press, los magistrados decidieron rechazar la apelación presentada por Ferrovial a través de su concesionaria Autopista Alcalá O'Donnell, perteneciente a su filial Cintra, que había ganado el contrato para la construcción y explotación de la autopista durante tres décadas.

El trasfondo de este litigio radica en que la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Esperanza Aguirre en aquel entonces, no consiguió asegurar los permisos necesarios para la construcción de la vía. Falta de autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento complicaron el proceso.

En 2007, con las obras paralizadas, la Comunidad instó a Ferrovial a reanudar los trabajos, lo que llevó a la empresa a solicitar una modificación del contrato. En 2009, se aprobó una extensión del mismo, alargar su duración de 30 a 60 años, buscando compensar a la concesionaria por los contratiempos sufridos.

La situación se tornó crítica en 2012, cuando se habían invertido más de 52 millones de euros de un presupuesto total de 86 millones. Ferrovial decidió solicitar la finalización del contrato, pero la Comunidad, bajo la presidencia de Ignacio González, ignoró esta solicitud. Ante esta falta de respuesta, Ferrovial se vio obligada a acudir al TSJM en 2013.

En 2015, el tribunal falló a favor de Ferrovial, pero la Comunidad apeló dicha resolución. En 2016, ya con Cristina Cifuentes al mando, el recurso fue desestimado. Finalmente, la Comunidad aceptó en 2018 indemnizar a la empresa con 56,2 millones de euros, más 5,3 millones por intereses, pero este pago nunca se concretó. En 2020, con Isabel Ayuso como presidenta, Ferrovial presentó un nuevo recurso debido a la inacción administrativa.

En diciembre de 2021, la Comunidad liquidó el importe total de 73,4 millones de euros, incluyendo intereses y el IVA correspondiente. Sin embargo, Ferrovial consideró esa cantidad insuficiente y decidió recurrir nuevamente, lo que llevó a la reciente desestimación por parte del TSJM.

Concretamente, la empresa buscaba 7,1 millones adicionales por los trabajos realizados, así como 24,8 millones en intereses, además de 144,4 millones derivados del lucro cesante por la falta de explotación de la autopista durante los 60 años previstos.

La sentencia del TSJM permite la posibilidad de un recurso de casación, algo que, conforme a informaciones de la compañía, están analizando presentar para intentar revertir el fallo.