En un giro significativo en el panorama judicial español, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del juez Leopoldo Puente de someter a juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria.

En una resolución que ha salido a la luz este miércoles, los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo han rechazado los recursos interpuestos por Ábalos y García, quienes impugnaron un auto dictado el pasado 3 de noviembre. Este auto establece la necesidad de juzgar las acusaciones de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, y malversación de fondos públicos.

El juez Puente ha puntualizado que existe evidencia suficiente que sugiere que el exministro, el exasesor y el empresario Víctor de Aldama actuaron en concertación para aprovechar la influencia política de Ábalos, con el fin de obtener beneficios económicos a través de la concesión de contratos públicos. Esta conducta se presenta como un claro abuso de poder en el ejercicio de sus funciones.

La decisión de dividir la causa, tomada en septiembre, permitió enfocar las investigaciones en una pieza central dedicada específicamente a los contratos de mascarillas, mientras que otros aspectos relacionados con la supuesta trama de comisiones por obras públicas se tratarán por separado.

Las perspectivas penales son severas: la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García, y siete para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han ido aún más lejos, demandando 30 años de cárcel por cada uno de los exfuncionarios implicados, manteniendo la misma petición para el empresario.

A medida que se aproxima el juicio, tanto la Fiscalía como las partes acusadoras han instado al juez a imponer prisión provisional para Ábalos y García, argumentando que la gravedad de las penas solicitadas podría conllevar un riesgo de fuga. En respuesta a estas preocupaciones, el juez ha decidido que ambos sean trasladados a la prisión de Soto del Real, una medida que se hizo efectiva el pasado 28 de noviembre.