El 23 de abril, en Madrid, se informó que la Corte de Casación de Bélgica ha desestimado el recurso interpuesto por Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, y los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret. Esta decisión respalda la anterior resolución de la justicia belga que había rechazado su demanda civil contra el juez Pablo Llarena, encargado de investigar el proceso independentista conocido como 'procés'.

El objetivo del recurso era anular una sentencia emitida el 27 de marzo de 2020 por un tribunal de primera instancia en Bruselas, que se declaró incompetente para conocer la demanda contra Llarena. Los políticos independentistas acusaban al magistrado de parcialidad y solicitaban una indemnización simbólica de un euro por daños.

Los demandantes argumentaban que Llarena había actuado sin imparcialidad durante las investigaciones relacionadas con el 'procés', apoyando su caso en ciertas declaraciones públicas en las que el magistrado negó que únicamente investigara por "delitos políticos".

En su momento, el sistema judicial belga determinó que las declaraciones de Llarena se habían realizado en su capacidad como juez y, por lo tanto, estaban protegidas por la inmunidad de jurisdicción.

La Corte de Casación también rechazó la solicitud del equipo legal de los independentistas de enviar una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar la compatibilidad de la inmunidad estatal con el marco jurídico europeo.

A través de documentos accesibles a Europa Press, la Corte confirmó el fallo del tribunal de primera instancia y obligó a los demandantes a asumir los costos legales, que ascendieron a 4.202,95 euros.

Este caso se remonta a junio de 2018, cuando Puigdemont y sus ex consejeros llevaron a juicio a Llarena, alegando que su instrucción había vulnerado su presunción de inocencia y derechos políticos, reclamando una compensación simbólica de un euro.

En marzo de 2019, la defensa de estos políticos amplió la demanda para incluir al Reino de España, buscando así que el caso pudiera llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Durante las audiencias preliminares, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de la justicia belga y solicitó que España se uniera al proceso, lo que se permitió y que fue interpretado por los abogados de Puigdemont como una oportunidad para presentar una reclamación también contra el Estado español, amparándose en el derecho europeo.

Los demandantes también afirmaron que el Reino de España había incurrido en "violaciones sistémicas" del derecho europeo en perjuicio de la "minoría catalana", así como de sus movimientos políticos que abogan por la independencia regional, vulnerando los principios fundamentales del Estado de derecho.

Además, cuestionaron la inmunidad que España invocaba para evitar que el fondo de este asunto fuera discutido en los tribunales belgas, argumentando que se habían violado diversas directivas europeas que afectan tanto a los procesos penales como a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.