El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha comparecido ante el Tribunal Supremo, donde admitió haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’. Sin embargo, negó categóricamente que esta suma hubiera sido utilizada para financiar su campaña electoral para las elecciones europeas programadas para el 9 de junio de 2024. “No un solo euro de Romillo fue destinado a la campaña”, argumentó, explicando que la mayor parte de los gastos fueron realizados antes de recibir el dinero.

El testimonio fue documentado en una declaración realizada el 11 de julio, a la que tuvo acceso Europa Press, donde ‘Alvise’ expresó su intención de solamente responder al magistrado Julián Sánchez Melgar y su abogado, evitando hacerlo frente a la acusación socialista y la Fiscalía, a las que consideró de mala fe.

Durante el interrogatorio, el magistrado indagó sobre cómo se había financiado para su candidatura a las elecciones y si Romillo había creado algún tipo de canal usado para financiarlo de forma oculta. Pérez respondió que no había tal disposición y se defendió mencionando una charla en la que Romillo lo contrató por 100.000 euros, indicando que su interés era participar en un evento sobre libertad financiera, y no para la campaña electoral.

‘Alvise’ también subrayó el poco contacto que ha tenido con Romillo, manifestando que solo se habían visto en persona durante 15 minutos y que habían coincidido en un evento en el Hipódromo de Madrid donde se promovía la criptomoneda. Aclaró que la invitación a la charla incluía un pago por su participación, a lo que Romillo accedió sin inconvenientes.

Relatando los detalles de la transacción, el eurodiputado afirmó que fue un pago en efectivo que recibió a través de un intermediario, aunque no recordaba si fue en un sobre o en una maleta. Clarificó que el monto consistía en diez fajos de 10.000 euros, que optó por llevar a casa debido a su cercanía. “No iba a pasear con 100.000 euros por la calle”, afirmó.

Cuando el magistrado le preguntó sobre el uso de esta suma, ‘Alvise’ explicó que no accedió al dinero hasta mucho después y que tenía aún una parte significativa de la cantidad. Reconoció que por razones de seguridad no lo guardaba en su vivienda, pero que seguía bajo su control. Negó haber usado estos fondos para financiar la agrupación SALF, insistiéndole al tribunal que “ni un solo euro” fue destinado a la campaña electoral.

El eurodiputado enfatizó que es “estrictamente imposible” que el dinero recibiera algún uso electoral, dado que la mayor parte de los gastos de la campaña, que ascendieron a cerca de 30.000 euros, fueron efectuados antes de la fecha en que se supone recibió el dinero de Romillo. “mi campaña fue organizada de manera que quedara claro, las cuentas están disponibles”, puntualizó.

Pérez desglosó algunos de los gastos más altos de su campaña, incluyendo camisetas y papeletas, que representaron cerca de 15.000 a 16.000 euros. Confirmó que sobraron aproximadamente 5.000 euros que devolvió a los donantes, asegurando que se cumplieron normativas legales al respecto.

Además, expresó su deseo de alquilar un espacio como Vistalegre para su campaña, pero que los costos eran prohibitivos. “No voy a derrochar ese dinero”, señaló, enfatizando que su estrategia se centraba en recorrer España sin requerir de los fondos de Romillo.

‘Alvise’ también hizo una distinción entre su agrupación, que ya no opera, y el partido político SALF, que tramitó sus estatutos poco antes de su declaración. En su comparecencia, indicó que había contratado a una empresa para gestionar todos sus ingresos y gastos, subrayando su sorpresa por las acusaciones de no haber presentado cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Confirmó que sí había cumplido con esta obligación y que había dado instrucciones para su presentación correcta.

El magistrado le solicitó que presentara toda la documentación que verificara esta afirmación, indicando que sería fundamental para la transparencia del caso. ‘Alvise’ se mostró confiado en que su declaración y las pruebas facilitarían esclarecer cualquier duda sobre la legalidad de sus acciones.