En un desarrollo significativo para la política lingüística y la integración social, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado que ha logrado que el Gobierno español reconozca el conocimiento y uso del catalán, así como de otras lenguas cooficiales, como parte de los requisitos para acreditar el arraigo en el nuevo Real Decreto de regularización extraordinaria. Esta medida se espera que sea aprobada en una próxima reunión del Consejo de Ministros.

Según la formación política, este avance significa que el aprendizaje y la certificación del catalán serán tenidos en cuenta en los procesos posteriores a la regularización extraordinaria, representando un cambio de paradigma en la manera en que se evalúa el arraigo. ERC enfatiza que el criterio ahora no solo se basará en cuestiones administrativas o laborales, sino que incluya un componente social que valore la participación y el deseo de integrar a los recién llegados en la comunidad.

El diputado Jordi Salvador ha expresado su satisfacción por que una de las propuestas de ERC, presentada durante las negociaciones con el Ministerio, haya sido finalmente considerada. "El aprendizaje del catalán no debe ser visto como un mero trámite, sino como una verdadera vía hacia la integración. Al reconocerlo como un camino hacia el arraigo, estamos también reconociendo la riqueza cultural y social de Catalunya", afirmó Salvador.

Desde ERC, se considera que esta decisión representa un "progreso significativo" en el reconocimiento de la diversidad lingüística del Estado, así como en la formación de políticas migratorias que promuevan derechos, cohesión social y oportunidades equitativas para todos.

En un movimiento paralelo, los gobiernos de Catalunya y el País Vasco han solicitado que se consideren el catalán y el euskera como requisitos en la renovación de permisos de residencia para migrantes. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por regularizar la situación de unas 500,000 personas mediante un nuevo Real Decreto que se está preparando.

La Generalitat de Catalunya ha propuesto una enmienda al Proyecto de Real Decreto que considera el conocimiento del catalán como un factor importante en la primera renovación de permisos de residencia. Esta enmienda fue discutida en la primera reunión de seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua, destacando la necesidad de evaluar el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas como un medio para fomentar la cohesión social.

Las personas que reciban la regularización tendrán un plazo de un año, hasta su primera renovación del permiso, para comenzar a aprender las lenguas oficiales. Cada autonomía tendrá la libertad de decidir cómo implementar y certificar estos requisitos de conocimiento lingüístico.

En el ámbito del País Vasco, el Gobierno ha propuesto una enmienda similar que incluye el euskera como un elemento clave para fomentar una integración y cohesión social más efectivas. Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura, ha subrayado en declaraciones a la prensa la importancia de la lengua como elemento cohesionador y de pertenencia en la estrategia de país "Jauzia gara".

A pesar del enfoque en la regularización extraordinaria, Bengoetxea ha señalado que el Gobierno Vasco está más interesado en abordar las cuestiones estructurales y cotidianas relacionadas con la política migratoria. Ha reiterado que la propuesta del Ejecutivo vasco busca ampliar sus capacidades en la gestión de las políticas migratorias, abordando también la cuestión lingüística en este contexto.