Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, las comunidades autónomas han sido protagonistas de una serie de traspasos de competencias que han transformado el panorama administrativo en España. Hasta la fecha, se han concretado casi 45 de estos traspasos, destacando el País Vasco como líder indiscutible con 23 transferencias, muy por delante de Cataluña, que se sitúa en un segundo lugar con solo ocho traspasos.

Este año, el País Vasco ha continuado su trayectoria con la materialización de siete nuevos traspasos, acaparando la atención y la mayoría de transferencias desde la moción de censura de 2018. La comunidad vasca se ha consolidado como un modelo de gestión, al concretar el reciente traspaso de prestaciones contributivas y subsidios por desempleo en un acuerdo entre el ejecutivo central y el Gobierno de Euskadi.

En julio, el lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez sellaron un pacto que permitió al País Vasco gestionar diversas materias relacionadas con la Seguridad Social, incluyendo prestaciones no contributivas y el seguro escolar. Esto marca un avance significativo hacia una mayor autonomía y competencia en áreas clave para el bienestar social.

Entre los logros del País Vasco también se encuentra la reciente transferencia de competencias sobre permisos de trabajo para extranjeros y meteorología, en un esfuerzo por modernizar y ajustar la gestión a las necesidades actuales. Además, la cesión de la antigua sede de la AEMET en San Sebastián refuerza este camino de colaboración entre administraciones.

Años atrás, el País Vasco ya había asumido funciones importantes como la gestión penitenciaria y el Ingreso Mínimo Vital, además de significativas áreas de transporte y salud. Esto demuestra un claro compromiso con el empoderamiento regional y la gestión autónoma.

Por otro lado, Cataluña ha logrado significativas transferencias, incluyendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital y mejoras en las condiciones para la administración de justicia. A pesar del progreso, las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno siguen abiertas, con la esperanza de consolidar otros traspasos, como el de Rodalies.

Navarra se suma a la lista de comunidades que han visto un incremento en sus competencias, asumiendo la sanidad penitenciaria y el IMV, aunque algunas de estas transferencias han enfrentado revisiones judiciales que han exigido ajustes en su implementación.

La Comunidad Valenciana también ha obtenido una ampliación en la gestión de recursos patrimoniales y conservación de la naturaleza, mientras que Baleares y Canarias, aunque recibieron competencias sobre el litoral, han manifestado su descontento por considerar que las transferencias fueron incompletas.

En Galicia, se ha cerrado un acuerdo para gestionar el litoral, marcando el primer traspaso desde 2008, lo que es un reflejo de la creciente demanda de autonomía regional. Por su parte, la Comunidad de Madrid recibió una ampliación de una transferencia preexistente en el ámbito de la asistencia sanitaria.

Sin embargo, no todas las comunidades han tenido la misma suerte. Diez regiones aún no han recibido nuevas competencias desde el inicio del mandato de este Gobierno, aunque algunas han logrado obtener cesiones de impuestos en áreas específicas.

Los datos del Ministerio de Política Territorial indican que desde 1978 hasta 2025 se han concretado más de 2.000 traspasos, con Cataluña liderando la lista histórica de transferencias. A grandes rasgos, el movimiento hacia una mayor autonomía continúa en marcha, marcando un hito en la historia política de España.

Es interesante notar que entre 2015 y 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, no hubo ninguna transferencia significativa a comunidades, lo que contrasta con el enfoque proactivo del actual Ejecutivo de Sánchez, que desde sus primeros meses ha priorizado este camino.