En el marco de la comisión de investigación del Senado sobre el polémico 'caso Koldo', el exsubsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha decidido no comparecer ante los grupos parlamentarios. Esta decisión se fundamenta en su condición de imputado en un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

"Por recomendación de mi letrado, me acojo al derecho a no declarar", declaró Gómez, quien a pesar de este silencio en la sede del Senado, ya había aportado su testimonio ante el juez instructor en la Audiencia Nacional en ocasiones anteriores.

Durante su declaración el pasado septiembre, Gómez mencionó a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, como la persona que le hizo llegar la propuesta de la empresa Soluciones de Gestión, la cual se sitúa en el centro del escándalo. Según sus palabras, fue el exministro quien le encomendó la tarea de conseguir el material sanitario necesario.

Al ser interrogado por el juez, Gómez aseguró que no recibió directrices específicas que lo llevaran a elegir a Soluciones de Gestión como la compañía encargada de suministrar ocho millones de mascarillas, que se compraron por un total de 20 millones de euros. Subrayó que no existió ninguna presión desde instancias superiores para tomar esta decisión.

Además, el exsubsecretario afirmó que, al recibir la oferta de Soluciones de Gestión, procedió a solicitar un análisis de solvencia sobre la misma. A su vez, impartió órdenes a Puertos del Estado y a Adif para que realizaran sus propios estudios sobre la propuesta.

Es relevante destacar que Gómez, quien ocupaba una posición clave en el Ministerio, se convierte en el segundo compareciente en esta semana que opta por no responder a los senadores. Previamente, el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, adujo el martes que su negativa se debía a la necesidad de “salvaguardar el derecho de defensa”.

Por su parte, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, tomó la decisión de cesar a Gómez el pasado agosto, tras concluir una auditoría interna relacionada con el caso, y en un momento en que ya figuraba como investigado. Sánchez Manzanares fue separado de su cargo en marzo, solo unas semanas después de que el escándalo comenzara a desvelarse públicamente.