MADRID, 1 de julio.

La organización FACUA-Consumidores en Acción ha aplaudido la reciente decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de incluir una prohibición sobre el aumento de precios en la reventa de entradas dentro del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.

En un comunicado emitido el mismo día, FACUA indicó que el precio de las entradas solo podrá ajustarse en función de la variación del IPC desde la compra inicial, una medida que consideran vital para erradicar un vacío legal que ha permitido la proliferación de la reventa lucrativa en internet.

La asociación también advirtió que, si la normativa es aprobada, será crucial que las autoridades competentes, incluidas las comunidades autónomas y los gobiernos locales, se aseguren de su cumplimiento, para lo cual deberán intensificar la vigilancia y aplicar sanciones severas contra quienes infrinjan la ley.

Además, FACUA ha exigido que se implementen mecanismos que permitan controlar y sancionar a aquellas empresas que revendan entradas o faciliten la reventa, ya sea mediante aumentos de precios injustificados o mediante la venta de entradas falsificadas o revendidas múltiples veces.

El anteproyecto ya prohíbe la utilización de programas informáticos para la compra masiva de entradas con fines de reventa. Con esta nueva modificación, se buscará que el precio de las entradas revendidas no supere el ajuste del IPC desde su compra original, según declararon fuentes del Ministerio.

Actualmente, los sistemas de bots para adquirir entradas de eventos culturales con fines de reventa están prohibidos. Esta restricción está consagrada en el artículo 27.6 de la Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal, que fue adoptada a raíz de una directiva europea.

Esta directiva establece que se prohíbe a los comerciantes revender entradas adquiridas mediante bots o programas que permitan realizar compras masivas, superando así los límites establecidos por los creadores de los eventos para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las entradas.

La normativa subraya que esta prohibición es complementaria a cualquier otra medida nacional que busque proteger los intereses de los consumidores y asegurar un acceso equitativo a actividades culturales y deportivas, incluyendo legislaciones sobre precios de reventa.

Desde el Ministerio se ha comentado que esta prohibición no se está aplicando de manera efectiva, ya que los altos incentivos económicos en la reventa dificultan su implementación.

A través de la Ley de Consumo Sostenible, se modificará el artículo 20 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios para impedir que el precio de reventa exceda la variación del IPC desde la primera compra hasta la reventa.

Este enfoque tiene como objetivo atacar los incentivos económicos que alimentan la reventa, de tal manera que la compra de entradas masiva mediante bots con propósitos especulativos deje de ser viable.

De manera similar a lo establecido en la regulación de la publicidad de alojamientos turísticos, cualquier intento de poner a la venta entradas a un precio superior al estipulado se consideraría una actividad ilegal, lo que podría conllevar el cierre de sitios web involucrados y sanciones para los infractores.

Legislaciones en otros países europeos ya estipulan medidas similares. En Bélgica, por ejemplo, la ley del 30 de julio de 2013 prohíbe la reventa habitual de entradas sin la autorización del organizador y también limita la posibilidad de revender entradas a precios superiores al original.

En Francia, la ley n.º 2012-348 de 12 de marzo de 2012 igualmente prohíbe la reventa frecuente de entradas sin el permiso del organizador del evento.

Según un estudio de Verified Market Research, se estima que el mercado de reventa de entradas en Europa alcanzará un valor de 7.769 millones de euros en 2030, partiendo de 1.817 millones en 2024.

Dado que España representa entre el 10% y el 15% del mercado secundario europeo de entradas, se prevé que el valor del sector en el país crezca de 322 millones en 2024 a 932,3 millones anuales para 2030.

Con la limitación en el precio de reventa, se espera que una parte significativa de este monto se mantenga disponible para el consumo familiar, en lugar de ser destinado a actividades especulativas que no generan valor añadido, aseguran desde el Ministerio.