La histórica junta de accionistas de Ferrovial decidirá hoy si la compañía traslada su sede social a Países Bajos, lo que ha generado una gran polémica a nivel político desde que se anunciara por sorpresa el pasado 28 de febrero. La operación de fusión con su filial de Países Bajos se someterá a votación, lo que supondrá el cambio de su sede social a este país a lo largo del segundo o tercer trimestre de este año. La empresa argumenta que el 82% de los ingresos lo genera fuera de España, que el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero y que el 93% de los inversores institucionales de la empresa son internacionales.

Ferrovial ha amanecido con un avance del 0,48%, hasta los 27,27 euros por título, mientras que a las 9.25 horas, las acciones del grupo que preside Rafael del Pino moderaban su subida al 0,29%, hasta los 27,22 euros por título.

Uno de los principales objetivos de Ferrovial es cotizar en Estados Unidos, país que en 2022 concentró el 32,3% de los 7.551 millones que facturó en todo el mundo. En ese país tiene unos 4.180 empleados, frente a los 5.413 de España. Su argumento para llevar a cabo este movimiento ha sido el de nunca intentarse cotizar al mismo tiempo aquí y en Estados Unidos, y para ello primero tiene que trasladar su sede social a Países Bajos, donde solo tiene cinco trabajadores.

El único impedimento que podría presentarse es el llamado "derecho de separación", que permite a los accionistas vender sus acciones a la empresa por no estar de acuerdo con el cambio de sede social. La compañía ha fijado en 500 millones de euros la contraprestación que pagaría a esos accionistas que se opongan, por lo que si más del 2,53% de los inversores ejerce ese derecho de separación, el traslado no se ejecutaría. Para ejercerlo, primero hay que votar negativamente en la junta y, dentro de un plazo de un mes, presentar la documentación requerida.