El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha encendido la alarma sobre la inadmisible cantidad de absoluciones que han surgido por fallos detectados en las pulseras telemáticas utilizadas para el control de maltratadores. Por su parte, el Ministerio de Igualdad se ha apresurado a afirmar que ya se han abordado y solucionado los problemas.

El informe de la FGE correspondiente al año 2024 expone lo que ellos mismos denominan “múltiples fallos” en el funcionamiento de estos dispositivos, así como con la empresa que brinda el servicio, según han informado desde OkDiario.

El Ministerio de Igualdad ha delegado la operativa del Sistema de Seguimiento de maltratadores a una compañía privada encargada de la instalación, supervisión y desinstalación de los aparatos. Esta labor recae en el Centro Cometa, el cual coordina con los distintos actores del sistema judicial, Fiscal y de Seguridad del Estado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido la aparición de “incidencias técnicas” durante un reciente cambio de contrato entre dos empresas. “Durante este traspaso fueron detectados algunos problemas puntuales que se resolvieron de inmediato”, aclaró en una intervención ante los medios de comunicación en el Congreso.

Adicionalmente, la Fiscalía ha manifestado que las incidencias comunicadas por el Centro Cometa surgen, en muchos casos, de notificaciones realizadas por los propios usuarios de los dispositivos, acerca de fallos en su funcionamiento. A este respecto, la Fiscalía ha señalado que los reemplazos de equipos se hacen “con cierto retraso”.

El documento elaborado por la Fiscalía menciona que diversas fiscalías en Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han reportado “problemas de descarga de información” del proveedor anterior, así como la ubicación de los dispositivos utilizados por investigados. En respuesta a esta situación, se informó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que interrupta la potencial desprotección de las víctimas.

Asimismo, se hizo hincapié en que el Centro de Control Cometa ha comunicado “de manera reiterada” que no pueden proporcionar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha límite tras la que se completó la migración a los nuevos dispositivos. Esta situación genera complicaciones en las fases de instrucción y juicio, resultando en un incremento de sobreseimientos o absoluciones.

Además, se señala que en el Juzgado de lo Penal, el representante legal del centro de control carece de la posibilidad de responder a consultas relacionadas con incidentes previos a dicha fecha, lo que, en numerosas ocasiones, resulta en sentencias absolutorias.

Los responsables de Cometa han indicado a los juzgados que enviarán la información solicitada tan pronto como esté disponible; no obstante, la Fiscalía considera que la situación sigue sin resolverse, y al preguntar por un posible plazo para solucionarlo, se les contestó que “el Centro de control desconoce cuándo puede solucionarse”.

Por último, diversas fiscalías han resaltado el impacto negativo de las constantes comunicaciones de incidencias en la vida de las víctimas, lo que genera inseguridad y les lleva incluso a solicitar la retirada de estos dispositivos en el ámbito judicial.

Respecto a los problemas reportados, Ana Redondo ha indicado que su equipo se comprometió a reunirse con los trabajadores y las empresas implicadas para resolver las “cuestiones” en cuestión. Desde su perspectiva, el sistema está funcionando y es más eficiente, instando a las mujeres a que denuncien sin miedo, ya que “el sistema las protege”.

Por su parte, Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha realizado una crítica pública ante los sucesos mediante un mensaje en la plataforma X, señalando la ley del 'solo sí es sí' como un factor que ha contribuido a la “liberación de violadores por incompetencia legislativa” y criticando el manejo del sistema de vigilancia de agresores sexuales por parte del gobierno.