El debate sobre la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha encendido las alarmas en el ámbito judicial. La Fiscalía ha presentado un recurso que cuestiona la validez de este proceso, argumentando que se han pasado por alto elementos fundamentales que podrían haber influido en la resolución del caso, especialmente testimonios de periodistas que podrían exculpar a los implicados.

Este recurso, firmado por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, opta por dirigirse directamente a la Sala de Apelación, dejando de lado el procedimiento que podría haber permitido al propio Hurtado revisar su decisión. La fiscal señala que el magistrado no consideró adecuadamente que, antes de la supuesta filtración de un correo del fiscal general, ya circulaba en los medios información acerca de un acuerdo relacionado con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez Conde sostiene que no solo existían rumores sobre este acuerdo, sino que también testigos, incluidos varios periodistas, afirmaron sentir previamente la existencia del mensaje cuestionado. Esto resalta la falta de fundamento en la interpretación que Hurtado hizo sobre las fuentes de información citadas por la Cadena SER en relación con el caso.

El escrito de la Fiscalía también enfatiza que la información contenida en el mencionado correo, enviado el 2 de febrero de 2024, llegó a otras instancias como la Abogacía del Estado, lo que pone en tela de juicio la idea de que la filtración fuese exclusiva del fiscal general. La posible colaboración entre la Secretaría de Estado y las autoridades fiscales se convierte así en un punto clave que no debe ser ignorado.

La crítica hacia la decisión de Hurtado se centra también en la aparente arbitrariedad de declarar irrelevante el desmentido que obró en respuesta a una información publicada por 'El Mundo’. Este medio aseguraba que las maniobras para el acuerdo provenían del fiscal que investigaba a González Amador, un dato que fue refutado por la realidad de la correspondencia, sugiriendo un desequilibrio informativo que podría manchar la reputación de la Fiscalía.

La teniente fiscal puntualiza que el asunto es de suma importancia, dado que podría haber implicaciones de carácter político y judicial sobre las acciones de la Fiscalía, contenidas en información que ha sido desmentida y que podría responsabilizar a la institución de conductas poco éticas bajo presiones externas.

Además, la falta de evidencias que demuestren que la filtración haya partido del fiscal general, así como la ausencia de pruebas que respalden la idea de un complot entre él y su colega, son argumentos que refuerzan las dudas sobre la instrucción del caso. Sánchez Conde critica específicamente la inclusión de alegaciones sobre presiones del Gobierno que no han sido probadas.

La crítica se hace más incisiva cuando señala que tal acusación no fue comunicada a los investigados, lo cual vulnera principios fundamentales de procedimiento justo. En resumen, el recurso busca recalcar la falta de adherencia a las garantías constitucionales durante la instrucción del caso, abriendo el debate sobre la imparcialidad del proceso judicial en esta materia.