El próximo viernes, la justicia española dará inicio al nuevo año judicial en un evento que marcará un hito, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha superado un largo periodo de parálisis. Con un total de 161 nombramientos formalizados, el acto de apertura contará con la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien enfrenta la sombra de una acusación por revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El evento se llevará a cabo en la sede del Tribunal Supremo a las 12:00 horas, bajo la presidencia del rey Felipe VI. Además de la intervención de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, se espera que García Ortiz aborde temas delicados en su discurso. El año pasado, Perelló utilizó su intervención inaugural para pedir mayor respeto hacia la labor judicial, un pedido que ha cobrado relevancia en los recientes tiempos de tensión entre los poderes del Estado.

A pesar de que García Ortiz no especificó su situación en su discurso anterior, se ha argumentado que su declaración sobre la necesidad de limitar la acción popular en los procesos judiciales estuvo relacionada con el llamado caso Begoña Gómez, que se abrió tras una denuncia de la organización Manos Limpias.

El fiscal general ahora se enfrenta a un total de seis acusaciones populares que demandan penas de prisión que oscilan entre cuatro y seis años, así como inhabilitaciones que van de cuatro a doce años, presentadas por entidades que incluyen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y partidos políticos como Vox.

García Ortiz se presentará ante la audiencia esperando un fallo sobre el juicio oral, que podría provocar su suspensión temporal, algo que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la participación del fiscal general en el acto, afirmando que se encuentra “en plenitud de funciones”, lo que subraya el respaldo del Gobierno hacia su figura en medio de las controversias que enfrenta.

Por su parte, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ofrecerá su segundo discurso desde que asumió el cargo, y uno de sus principales mensajes seguirá siendo la defensa de la independencia judicial frente a presiones externas. Desde su llegada al poder, ha denunciado reiteradamente los ataques injustificados que han sufrido los magistrados.

Con la mayoría de los nombramientos realizados, Perelló se enfrentará a su discurso con una mezcla de logros y desafíos. Las presidencias de las salas más importantes del TS han sido cubiertas por magistrados de tendencia conservadora, después de que las candidaturas de las magistradas apoyadas por el sector progresista se retirasen por falta de apoyos.

Este nuevo CGPJ, que consolidó su renovación en junio, ha registrado un notable progreso al completar un 42,2% de sus nombramientos a favor de mujeres, aunque aún quedan vacantes importantes en el ámbito militar y otras jurisdicciones que deben resolverse.

Más allá del CGPJ, la justicia se enfrenta a importantes y diversas investigaciones, incluyendo las que involucran a ex-altos funcionarios como el exministro José Luis Ábalos y la situación del eurodiputado Luis Pérez. Estos casos bajo el escrutinio judicial demuestran las complejas intersecciones entre política y justicia en España.

En el Tribunal Constitucional, la atención se centrará en los últimos aspectos de la amnistía, que afectan a figuras políticas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, al mismo tiempo que se prepara la renovación parcial del tribunal, un proceso que implicará la salida de varios magistrados, incluido el presidente del órgano.

Finalmente, en la sede del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado investiga la situación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un caso que implica serias acusaciones de corrupción. Este caso, junto con las quejas de los ministros sobre el proceder del juez en otras investigaciones, añade otra capa de complejidad al panorama judicial español.

Ricardo Conde, responsable de la acción disciplinaria, deberá decidir próximamente si se avanzará en la apertura de un expediente contra el juez Peinado, lo que podría influir en la percepción y confianza del público en la administración de justicia en el país.