El Senado francés ha aprobado recientemente una ley que regula las actividades de los "influencers", en la que se prohíbe la promoción de dietas peligrosas, consejos sobre cirugía estética y criptomonedas. El objetivo de esta norma es combatir y eliminar cualquier tipo de mala práctica que puedan llevar a cabo los "influencers" aprovechándose de su influencia en línea.

La ley define a los "influencers" comerciales en medios electrónicos como personas que "a cambio de una retribución, comunican al público por medios electrónicos contenidos destinados a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o que con cualquier causa ejerzan la actividad de influencia comercial por medios electrónicos". También se especifica que si esta actividad es realizada por una persona menor de 16 años, debe ser el empleador quien asuma las responsabilidades del contenido que publiquen estos creadores en las plataformas en línea.

El texto legal incluye un apartado en el que se prohíben las promociones que pongan en peligro la protección de la salud pública mediante la promulgación de información sobre técnicas, métodos y tratamientos estéticos, farmacológicos y quirúrgicos. Los "influencers" tampoco podrán emitir prescripciones terapéuticas ni promocionar directa o indirectamente productos y servicios financieros, incluido el relacionado con los activos digitales.

La ley determina, finalmente, que aquellos "influencers" que cometan una infracción debido a las buenas prácticas establecidas tendrán que enfrentarse a multas de hasta 300.000 euros y dos años de prisión en el caso de llevar a cabo prácticas comerciales engañosas. También serán sancionados si promocionan en sus perfiles falsos servicios sanitarios, bebidas alcohólicas, servicios financieros, apuestas deportivas y juegos de azar, con multas de hasta 100.000 euros.

Es importante destacar que además de esta ley, existe la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un proyecto digital de la Unión Europea en el que participa Francia. La DSA establece normas de obligado cumplimiento para responsabilizar a las plataformas digitales de la difusión de contenidos dañinos o ilegales, a fin de proteger a los consumidores.

Si bien las obligaciones de estas empresas entrarán en vigor el 17 de febrero de 2024, las plataformas y los motores de búsqueda de proveedores -como Instagram, Twitter o Google- se verán afectados a partir del próximo 25 de agosto de este año. La DSA afectará no solo a las redes sociales y plataformas utilizadas por más de 45 millones de europeos al mes, sino también a proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y de computación en la nube.