La reciente publicación del Real Decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha marcado un hito en el ámbito laboral español, estableciendo un aumento salarial del 2,5% para el personal funcionario. Este incremento, que se hizo posible gracias a las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

El nuevo decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y vigente desde este miércoles, también contempla que a partir del 1 de enero de 2026, los salarios de los empleados públicos verán reflejada una actualización adicional del 1,5%. Este aumento se inscribe dentro de una estrategia salarial más amplia que busca consolidar un incremento total del 11% para el periodo 2025-2028, acordado la semana pasada entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos mencionados. CCOO, que inicialmente se abstuvo de firmar el acuerdo, decidió finalmente sumarse tras una deliberación en su Consejo Confederal.

El desglose de estos incrementos salariales marca un compromiso real por parte del Gobierno: el 2,5% se aplicará este año, mientras que el 1,5% correspondiente a 2026 se podrá ver incrementado en un 0,5% adicional si la inflación al final de año supera el 1,5%. Esta medida busca ajustar los salarios a la realidad económica, ofreciendo así un respiro a los empleados públicos.

Este Real Decreto-ley no solo establece criterios claros sobre los aumentos retributivos, sino que también garantiza su aplicación con carácter retroactivo. Para 2025, se estipula un aumento del 2,5% sobre los salarios vigentes a finales de 2024, asegurando así que los funcionarios verán el impacto de esta mejora salarial de manera inmediata.

El alcance de estas medidas es significativo, afectando a casi 3,5 millones de empleados públicos en todo el país, aunque el decreto se especifica más en lo referente a los funcionarios de la Administración General del Estado. Cada comunidad autónoma y cada administración local tendrán la responsabilidad de establecer la forma de pago de este incremento del 2,5%, siendo que en la Administración General del Estado se realizará en un único pago este mes de diciembre.

En consecuencia, los funcionarios de la Administración General del Estado recibirán su aumento en diciembre, equivalente a los atrasos desde enero de 2025. Este pago único beneficiará a unos 540,000 trabajadores en el sector público estatal, donde se estima que aquellos con un salario medio de 3,300 euros brutos mensuales recibirán alrededor de 1,140 euros por este concepto.

Por su parte, las diferentes administraciones públicas tendrán la flexibilidad de establecer su propio calendario de pagos y la forma de abono de estos importes y atrasos correspondientes a 2025, lo que podría realizarse en los ejercicios siguientes hasta 2028 o, incluso, en diciembre de 2025.

Para el año 2026, el decreto asegura un aumento consolidable del 1,5% respecto a los salarios de diciembre de 2025, lo que implica un incremento total del 4% en el periodo entre diciembre de este año y enero del siguiente. Además, existe la posibilidad de añadir un 0,5% adicional en función de la variación del IPC durante el año.

A pesar de que el acuerdo global para el periodo 2025-2028 se sitúa en un 11%, los sindicatos prevén que, gracias al efecto acumulativo de estos incrementos, el aumento real podría alcanzar hasta el 11,5% para los empleados públicos en los próximos años.

Aunque el decreto ya está en vigor desde este miércoles, se programará su votación en el Pleno del Congreso la próxima semana. Este será el único Pleno del mes de diciembre debido a la campaña electoral en Extremadura y los días festivos de Navidad y Año Nuevo que se avecinan.

El Gobierno ha tomado esto como una oportunidad para convalidar, en este último Pleno del año, importantes decretos leyes, incluido el relativo a los funcionarios. Es crucial recordar que, aunque los decretos leyes entran en vigor de inmediato, deben ser ratificados por el Congreso en un mes para mantener su validez; de lo contrario, quedarán sin efecto.