Los mismos jueces que revocaron el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada y fiscal de Memoria Democrática se encuentran en el ojo del huracán una vez más.

MADRID, 8 de mayo.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado apartar a cuatro magistrados del Tribunal Supremo encargados de estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y determinar si continuará en el cargo. Estos mismos jueces ya habían señalado previamente que había actuado con "desviación de poder" al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.

Fuentes cercanas a la fiscalía han confirmado a Europa Press que, según informó 'El Independiente', García Ortiz presentó una solicitud de recusación para que cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se encarguen de dicho recurso. Se ha aclarado que esta petición fue realizada en forma personal por el fiscal general y no por la Abogacía del Estado.

Curiosamente, los mismos cuatro magistrados que García Ortiz busca apartar son los mismos que recientemente anularon el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta situación se debe a que la Sección Cuarta es responsable de los asuntos relacionados con personal o derechos fundamentales.

Según fuentes jurídicas consultadas, en este caso no se ha recusado a la quinta magistrada de la Sección, ya que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relacionada con la designación de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es la base del incidente de recusación.

En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) --en su artículo 227-- establece que la llamada 'Sala 61' tendrá que pronunciarse sobre la solicitud presentada por García Ortiz.

Esta Sala Especial está conformada por 15 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de dichas Salas.

La APIF presentó el recurso en febrero contra el Real Decreto mediante el cual el Gobierno renovó a García Ortiz, argumentando que el fiscal "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", debido a sus acciones desde que asumió el cargo en 2022, según indicó en un comunicado de prensa.

La asociación hizo referencia a la revocación del nombramiento de Delgado y destacó que una vez renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió "privar" al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el informe solicitado por el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. También señalaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a su renovación al considerarlo no idóneo para el cargo.

Además, hicieron hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general sea un jurista de reconocido prestigio, un requisito que, según la APIF, "aunque podría haber sido cumplido" por García Ortiz, "decae desde el momento en que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus facultades con un propósito distinto al establecido por el ordenamiento".