El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha urgido a que se preste “mucha atención” a la existencia de empresas como ‘Desokupa’ que son “organizaciones” que están “en contra de los principios y valores de la Constitución”. El jueves, el grupo confederal presentó una proposición de ley que propone castigar a empresas de desokupación, con penas de hasta cuatro años de cárcel través de una reforma del Código Penal.

La proposición de ley incluiría la disolución de organizaciones como Desokupa, así como elevar el reproche penal y relacionar su actividad con elementos ya tipificados de los delitos de odio y coacciones. La proposición busca modificar los actuales artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal y establecer multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años para quienes promuevan y realicen actos de acoso, violencia o intimidación contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social, por ánimo de lucro y para la consecución de sus fines.

El texto también contempla la disolución de estas entidades, bloquear su acceso a internet y considerarlas como asociaciones ilícitas, para poder perseguirlas e imponer penas a sus integrantes.

El miércoles, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también presentó la iniciativa y argumentó que los negocios como Desokupa son un "problema de seguridad", son responsables de extender la “aporafobia” y son un “germen de un comando parapolicial”. Belarra lanzó, “Vamos a perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”.