Pablo Bustinduy ha calificado la reventa de entradas como "una práctica abusiva y especulativa que no aporta valor a la industria cultural".

En la jornada de este martes 1 de julio, el Consejo de Ministros dio el primer paso para adoptar el anteproyecto de ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este anteproyecto establece que la reventa de entradas no podrá superar el precio inicial más el IPC.

El ministro Bustinduy anunció esta decisión en la conferencia de prensa posterior al Consejo, señalando que la nueva normativa incorpora directrices de la Unión Europea sobre empoderamiento en la transición ecológica y el Derecho a reparar.

Además de prohibir el aumento desmesurado de precios, Bustinduy destacó que dicha norma es un paso esencial para derribar las barreras de acceso a la cultura que se han venido estableciendo. "La compra de entradas se convierte en un juego en el que quienes sí pueden pagar el costo elevado son solo unos pocos", afirmó el ministro.

El titular de Consumo criticó el uso de bots, unas herramientas informáticas que permiten la compra masiva de entradas, las cuales a menudo desaparecen de sitios originales para ser revendidas a precios exorbitantes. "Esto que está ocurriendo muestra un fallo en la aplicación de la legislación vigente", comentó.

Para contrarrestar esta problemática, Bustinduy explicó que el Ministerio podrá tomar medidas similares a las que se utilizan contra viviendas turísticas ilegales. "Tendremos la capacidad de imponer sanciones y bloquear sitios web que participen en esta práctica", añadió con firmeza.

Actualmente, la legislación ya prohíbe el uso de bots para la compra de entradas, lo cual está estipulado en la Ley de Competencia Desleal. La modificación que se propone ahora es un refuerzo que impide aumentar el precio de las entradas más allá del IPC desde la fecha de compra inicial.

Este enfoque es parte de un marco más amplio que busca proteger a los consumidores e impulsar el acceso equitativo a eventos culturales y deportivos. Se espera que la ley se adhiera a las disposiciones de legislación europea que prohíbe específicamente la reventa abusiva y el uso indiscriminado de software para limitar el acceso a determinadas entradas.

El Ministerio advierte sobre la imperante necesidad de hacer frente a los elevados incentivos económicos que fomentan la reventa, lo que obstaculiza la eficacia de la legislación vigente.

Con esta modificación, el objetivo es atacar directamente las raíces de la especulación en la reventa, haciendo que la compra masiva a través de bots y la venta a precios inflados se conviertan en actividades ilegales.

Al igual que ocurre con la regulación sobre pisos turísticos, permitir que se revendan entradas a precios aumentados será considerado ilícito. Las autoridades ahora tienen la facultad de prohibir y sancionar esta actividad, incluyendo el cierre de páginas web donde se lleven a cabo estas infracciones.

Este tipo de medidas ya son una práctica común en otros países europeos. Por ejemplo, Bélgica y Francia han adoptado legislaciones similares para limitar la reventa no autorizada de entradas, estableciendo explícitamente sanciones para quienes lo hagan sin el consentimiento de los organizadores de eventos.

Según un estudio de Verified Market Research, se estima que, para 2030, el mercado de reventa de entradas en Europa alcanzará un valor aproximado de 7.769 millones de euros, a pesar de que en 2024 solo se espera que sea de 1.817 millones de euros. Dado que España representa entre el 10% y el 15% del mercado secundario de entradas en Europa, se prevé que la evolución de este sector en nuestro país crezca de 322 millones en 2024 a cerca de 932,3 millones para 2030.