Gobierno de EE. UU. reconoce fallo en defensa de arrestos en cortes de inmigración.

El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido un grave error en la interpretación de un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que utilizó para justificar detenciones de inmigrantes en tribunales. Esta sorpresiva admisión se produce en el contexto de un pleito interpuesto por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que buscan frenar esta práctica que va en contra de los derechos fundamentales de los migrantes.

A lo largo del último año, el Departamento de Justicia había sostenido que un memorando del ICE, fechado en mayo de 2025, respaldaba legalmente estas detenciones, sugiriendo que era aplicable a los tribunales de inmigración. Sin embargo, los abogados del gobierno han indicado que el propio Servicio de Inmigración ha rectificado, afirmando que dicha normativa nunca fue aplicada, lo que ha desmentido la postura oficial del Departamento de Justicia.

El equipo legal del Departamento de Justicia ha expresado su profunda angustia al darse a conocer este fallido malentendido en una fase tan avanzada del juicio, según documentos judiciales obtenidos por Bloomberg. Los abogados señalaron que han dedicado tiempo y recursos considerablemente a este litigio, y lamentaron que el tribunal ya había examinado la impugnación a las pautas del ICE antes de esta revelación.

En un intento por aclarar la situación, los letrados han defendido que actuaron de manera diligente y que contaron con la aprobación de un representante del ICE antes de presentar sus argumentos. Sin embargo, la situación ha llevado a la oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan a retirar sus alegaciones anteriores, las cuales defendían la legalidad de las detenciones en los tribunales de inmigración, en virtud de las directrices que ahora son cuestionadas.

Además, la fiscalía ha instado al juez de distrito Kevin Castel a "reconsiderar" su decisión de septiembre de 2025, cuando desestimó la petición de los demandantes de suspender temporalmente estas políticas de arresto. Este hecho subraya la relevancia de la reciente admisión del Gobierno, que, según los abogados de las organizaciones demandantes, podría implicar cambios significativos en el caso, ya que la decisión del juez se sustentaba en las afirmaciones ahora retiradas por las autoridades.