En un importante avance hacia la mejora de la educación infantil, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este jueves a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destinada a redistribuir unos 13.332.000 euros entre cinco comunidades autónomas. Esta inversión permitirá la creación de 1.200 nuevas plazas públicas y gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años, una etapa fundamental en su desarrollo.

Los recursos serán repartidos entre Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja, en el marco del programa de cooperación territorial enfocado en el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Esta acción forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según ha informado el Gobierno.

Pilar Alegría, ministra del ramo, ha subrayado la importancia de esta medida, afirmando que “el impulso de la escolarización de 0 a 3 años es una prioridad para el Gobierno”, ya que esta etapa temprana tiene un impacto significativo en los resultados y el desarrollo de los niños y las niñas. Además, ha destacado que esta iniciativa es crucial para promover la igualdad de oportunidades, fomentar la equidad educativa y facilitar la conciliación familiar.

Desde 2021, el Gobierno ha inyectado más de 670 millones de euros en las comunidades autónomas, permitiendo la creación de un impresionante total de 65.000 plazas en esta crucial fase educativa.

La redistribución de fondos aprobada en esta ocasión es resultado de la reintegración de más de 112 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Esta comunidad, que contaba con financiación para 12.069 plazas, solo prevé llevar a cabo la creación de 1.040, lo que deja una significativa cantidad de fondos disponibles.

Los recursos no utilizados por Andalucía han sido reintegrados, y de esa suma, ya se habían redistribuido 32,2 millones de euros a principios de septiembre entre varias comunidades que habían solicitado apoyo para la creación de 2.900 nuevas plazas. Este enfoque no solo refuerza la red educativa en España, sino que también asegura que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva en beneficio de la infancia.