El debate político en torno a la reciente legislación sanitaria continúa marcando la pauta en el Congreso de los Diputados. Aunque el Partido Popular (PP) ha mantenido su postura con respecto a los veterinarios, alegando que la nueva ley "no está vinculada" a sus intereses, la oposición ha logrado avanzar en sus objetivos respecto a la regulación de antibióticos en el sector veterinario.

En este contexto, la Ley que establece la Agencia Estatal de Salud Pública ha sido aprobada de manera definitiva, dejando de lado las enmiendas del PP que buscaban modificar el acuerdo entre ERC y el PSOE, el cual facilita la dispensación de antibióticos por parte de veterinarios. Esta situación ha evidenciado las tensiones entre los partidos en un tema tan crítico como la salud pública.

El Pleno del Congreso rechazó las enmiendas populares, contabilizando 177 votos en contra, provenientes del PSOE y sus aliados, frente a 171 a favor del PP, Vox y UPN, con una única abstención. Este resultado pone de manifiesto el apoyo mayoritario a las iniciativas que buscan mejorar la gestión de medicamentos veterinarios.

El acuerdo entre ERC y el PSOE, relacionado con la disponibilidad de antibióticos, se gestó durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en mayo. Ahí, se aprobó una enmienda que insta al Gobierno a mantener un diálogo activo con el sector veterinario para facilitar el acceso a estas medicinas en farmacias y otros lugares adecuados.

Posteriormente, ERC propuso una nueva enmienda en la Ley de la Agencia de Salud Pública para reiterar la necesidad de ese diálogo y proponer mecanismos para asegurar la disponibilidad de antibióticos. Sin embargo, el PP redobló sus esfuerzos para eliminar cualquier mención que podría beneficiar a los veterinarios, lo que llevó a una confrontación que culminó en el Senado.

A pesar de que la dirección del PP ha afirmado que su postura respecto a los veterinarios no ha cambiado, un informe de los letrados del Senado calificó sus enmiendas como "intrusas", argumentando que su inclusión era contraria a la legalidad. Esto ha agregado un nuevo nivel de complejidad a un debate que ya es altamente polarizado.

Los representantes del PP han enfatizado que lo que buscan para los veterinarios no debería ser abordado en una ley que consideran ajena a sus necesidades, reafirmando que su compromiso con este sector permanece intacto. No obstante, sus propuestas eliminarían disposiciones que facilitan la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios, proponiendo en su lugar un marco más restrictivo.

Entre las enmiendas desechadas, se encontraba una que reconocía la capacidad de los veterinarios para proporcionar medicamentos necesarios para mantener tratamientos ya iniciados. Además, se buscaba incrementar las campañas informativas sobre la prescripción electrónica de antibióticos y establecer un plazo para que el Gobierno, tras dialogar con el sector, promoviera cambios normativos cruciales para la regulación de estos medicamentos.

Finalmente, la ley estipula que el Ministerio de Agricultura tiene la responsabilidad de articular los mecanismos necesarios para simplificar los procedimientos relacionados con los medicamentos veterinarios, facilitando así la transmisión electrónica de las prescripciones y otros aspectos esenciales. Esto es un paso hacia adelante en la modernización de la regulación en un ámbito que afecta a la salud animal y, por ende, a la salud pública en general.