El sector nuclear ha expresado su oposición a aceptar un "sobrecoste" por descartar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

El Gobierno tiene la intención de elevar a 11,14 euros/MWh la llamada 'tasa Enresa', con la cual los propietarios de las centrales nucleares financian la gestión de los residuos radiactivos realizada por la empresa estatal. Esta cantidad representa un aumento del 40% en comparación con la tarifa actual, que es de 7,98 euros/MWh. La nueva tarifa entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2024.

Esto se establece en el proyecto de Real Decreto que modifica la tarifa fija unitaria relativa al pago no tributario por la prestación de servicios públicos de la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en funcionamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el texto a consulta pública desde el sábado 13 de enero hasta el 2 de febrero, según informa Europa Press.

El proyecto de Real Decreto recuerda que el 27 de diciembre pasado el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del MITECO, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). El gobierno argumenta que durante la tramitación del 7º PGRR se evidenciaron "las dificultades" para obtener el grado necesario de consenso social, político e institucional para construir el ATC previsto en el 6º PGRR y que iba a estar ubicado en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Por esta razón, el 7º PGRR descarta esta opción y opta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada instalación nuclear y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que incrementa el costo para financiar la gestión de los residuos. En total, el plan prevé costos futuros de 20.220 millones de euros a ser sufragados, de acuerdo con el principio de "quien contamina, paga", con el fondo para la financiación del PGRR, que cuenta con las contribuciones financieras de los propietarios de las instalaciones nucleares.

Además, el gobierno señala que los cálculos de financiamiento también se han modificado debido a la inflación real de los años 2021 a 2023, que son "claramente superiores" a las calculadas en 2019.

Teniendo en cuenta ambas circunstancias, según indica el proyecto de Real Decreto, Enresa ha enviado a la Secretaría de Estado de Energía una actualización económica-financiera del costo de las actividades contempladas en el PGRR.

El Foro Nuclear ya advirtió el pasado lunes que las soluciones contempladas en el 7º PGRR supondrán un "sobrecoste" de más de 2.000 millones de euros debido a "la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas" que "en ningún caso deberían atribuirse" a las centrales nucleares.

Según el sector, el "sobrecoste" de este plan representa un "cambio sustancial con respecto a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del Protocolo de Intenciones en 2019, posteriormente incluido en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las centrales nucleares para su funcionamiento, acordando un aumento de la tasa de Enresa en un máximo del 20%". "Hay que recordar que, después de dicho incremento, el conjunto del parque nuclear español aporta anualmente al Fondo Enresa alrededor de 450 millones de euros", advierten.

Sin embargo, fuentes del MITECO han asegurado a Europa Press que el aumento del 40% en la "tasa Enresa" no incumple el protocolo firmado con las empresas porque, según afirman, la limitación del 20% que éste establece se refiere al primer borrador del 7º PGRR que se sometió a consulta pública en marzo de 2020, sobre el valor de la "tasa" en el momento de la firma del protocolo, un año antes, en marzo de 2019. Ese incremento máximo del 20% en la "tasa" se reflejó en el Real Decreto de 2019 que aumentó su importe de 6,69 euros/MWh a 7,98 euros/MWh, lo que supone un incremento del 19,3%, según añaden.