El reciente proyecto de ley del Ministerio de Educación marca un paso significativo hacia la inclusión educativa, comunicando que los estudiantes con necesidades educativas especiales serán contabilizados como el doble en términos de capacidad escolar.

En una medida que cambia el panorama educativo, el Gobierno ha propuesto limitar la cantidad de alumnos por aula a un máximo de 22 en la Educación Primaria, reduciendo el límite actual de 25, y a 25 en la Educación Secundaria Obligatoria, que actualmente cuenta con 30 estudiantes por clase.

Este avance fue presentado este jueves a los sindicatos educativos durante una reunión enfocado en el nuevo Estatuto Docente, según un informe al que tuvo acceso Europa Press. En un encuentro previo, realizado a finales de septiembre con diversos sindicatos como ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG, el Ministerio había ya esbozado planes para mejorar las ratios en aulas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales y aquellas ubicadas en contextos sociales complejos.

El documento anticipa una "reducción progresiva" de los límites de alumnos por aula, especialmente en los años de transición entre Educación Primaria y Secundaria. Durante la reciente reunión, el Ministerio ha elaborado con mayor precisión esta propuesta.

De acuerdo con el anteproyecto, las nuevas ratios entrarán en vigor a partir del año escolar 2027/2028, aplicándose de forma gradual en la etapa de Educación Infantil y en el primer año de Educación Primaria. A partir de 2028/2029, se implementará en el primer curso de Secundaria y, para 2029/2030, en Bachillerato.

Aunque el Ministerio ha fijado el curso académico 2031/2032 como el inicio de la aplicación total de estas ratios, aún no se ha especificado cuánta será la reducción para las etapas de Infantil y Bachillerato.

Con un enfoque en estudiantes con necesidades especiales, la ley establece que las Administraciones educativas y los centros deben esforzarse por distribuir equitativamente a aquellos que requieren atención educativa distinta, avanzando hacia una educación inclusiva y de calidad.

De acuerdo con el proyecto, cada estudiante con necesidades educativas especiales será considerado como el equivalente a dos plazas en el cálculo de ratios en aulas convencionales, buscando así compensar el tiempo y dedicación adicionales que implica su atención por parte del profesorado.

Para enriquecer esta reducción general de ratios, se contempla que el Gobierno determinará índices que permitirán identificar aquellos centros que, debido a la matrícula de un número elevado de estudiantes con necesidades específicas o su ubicación en áreas de alta complejidad social, requerirán medidas adicionales que faciliten una atención más específica y adaptada.

Además, el anteproyecto incluye la regulación de un máximo de horas de docencia en clase, fijando un límite de 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas. Aun cuando algunas clases sean de menos de 60 minutos, se considerarán una hora lectiva.

La norma también otorga a las administraciones educativas la responsabilidad de garantizar que no se excedan los límites de alumnos por aula en las etapas de Primaria y Secundaria.

Con el objetivo de promover una educación justa y adaptada a las necesidades de cada estudiante, se establece que las Administraciones educativas buscarán distribuir de manera equilibrada a los alumnos con necesidades especiales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

De esta forma, se pretende que las instituciones educativas logren crear un ambiente propicio para el desarrollo y aprendizaje de todos los estudiantes, apoyando especialmente a aquellos que necesitan un entorno de enseñanza más adaptado.

El documento también puntualiza que, para establecer la ratio máxima en aulas ordinarias, los alumnos con necesidades educativas especiales se contabilizarán como dos, con la posibilidad de que esta cifra sea mejorada por las Administraciones educativas.

Por último, se garantiza que las Administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para manejar la superación de las ratios generales en centros donde existan particularidades que lo justifiquen, asegurando el apoyo humano adicional que permita a los docentes adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado.