
En un significativo paso hacia la sostenibilidad, este lunes se ha oficializado la 'Declaración de Casa Seat', un acuerdo que promete impulsar la movilidad eléctrica en España a través de medidas concretas y directas. El acto tuvo lugar en la emblemática Casa Seat, en Barcelona, y contó con la participación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como otros líderes autonómicos y el CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths.
La firma del documento se realizó en un ambiente de colaboración, donde los asistentes también incluyeron al delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y Matías Carnero, presidente del comité intercentros de Seat. Juntos, estos líderes se comprometieron a implementar medidas que faciliten y fomenten la transición hacia un futuro más verde y electrónico.
Entre las acciones que se prevén, se destacan las ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos, así como el desarrollo de una infraestructura de carga robusta. Además, se renovarán las flotas de vehículos de las administraciones públicas y se establecerá una comunicación proactiva que resalte las numerosas ventajas que ofrecen los automóviles eléctricos.
El presidente Illa enfatizó que Cataluña busca convertirse en el motor de la reindustrialización, señalando la movilidad eléctrica como un componente clave de esta misión. Su mensaje resaltó la importancia de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para llevar a cabo esta transformación.
Por su parte, el ministro Hereu describió este evento como un avance significativo hacia la electrificación de la movilidad en España, asegurando que no hay lugar a dudas sobre la dirección en la que se mueve la industria del automóvil. Este compromiso político apunta a consolidar un marco normativo que favorezca la transición hacia una flota automovilística más ecológica.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, expresó que la movilidad eléctrica es un proceso irreversible, subrayando que el Plan Moves, parte integral del decreto que no fue aprobado recientemente en el Congreso, debería avanzar sin condicionantes adicionales. Este tipo de declaraciones reflejan un consenso creciente sobre la urgencia de adoptar políticas más efectivas para acelerar la transición energética.
Desde Navarra, la presidenta María Chivite destacó que el 19,5% de los vehículos matriculados en su comunidad son eléctricos, una cifra considerablemente superior al 5% del total nacional, lo que pone de relieve el compromiso de la región con la movilidad sostenible.
Griffiths, de Seat y Cupra, reiteró la importancia de que las inversiones del sector privado sean sostenibles, argumentando que esto requiere un impulso decidido hacia el mercado del vehículo eléctrico. Este enfoque empresarial es crucial para fomentar un ecosistema que apoye tanto la producción como la adopción de tecnologías limpias.
Las partes firmantes del acuerdo asumieron el compromiso de liderar la transición hacia una movilidad más limpia y responsable. Se discutirá la creación de un programa de incentivos que respete los marcos competenciales existentes, así como medidas fiscales y ayudas autonómicas que complementen los esfuerzos en el ámbito estatal.
Además, se promoverán iniciativas dirigidas a incentivar la incorporación de vehículos eléctricos en flotas de empresas privadas y de alquiler, lo que a su vez podría facilitar el desarrollo de un mercado de segunda mano y modernizar el parque automovilístico nacional.
El acuerdo no solo contempla un aumento en la infraestructura de carga, enfocándose en la instalación de puntos de carga ultrarrápidos en vías principales, sino que también busca agilizar todo el proceso administrativo relacionado con la instalación de estos puntos de recarga.
Finalmente, se anunció la creación de un grupo de trabajo que incluirá a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra. Este grupo tiene la misión de desarrollar acciones conjuntas junto a otras administraciones y actores del sector privado con el fin de revitalizar la electrificación en el país, generando modelos que puedan servir de referencia para otras comunidades autónomas.
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