El Gobierno ha elaborado un plan de incentivos fiscales con la intención de persuadir a la CEOE a aceptar el acuerdo sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se proyecta alcanzar los 1.221 euros al mes en 2026, marcando un ascenso del 3,1% respecto a la cifra vigente de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada a Europa Press, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, propone un esquema de reducción impositiva que podría llegar a amortiguar hasta el 100% de la subida del SMI. Este beneficio alcanzaría a las empresas que contraten personal con sueldos superiores al SMI, siempre que se comprometan a aumentar su plantilla.

La reducción se aplicaría a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, y sería accesible para aquellas organizaciones que logren aumentar su plantilla media al final del periodo fiscal, en comparación con los niveles iniciales, siempre y cuando los nuevos contratos ofrezcan salarios superiores al SMI.

Para que esta medida sea efectiva, las empresas con menos de 100 empleados deberán incorporar al menos un trabajador a tiempo completo durante un año, mientras que aquellas con más de 100 deberán sumar un mínimo de dos empleados o incrementar su plantilla en al menos un 1%.

El monto de la reducción sería variable, incentivando así un mayor aumento en la contratación. Por ejemplo, si el incremento del personal es menor al 5%, la reducción será menor y alcanzará un 100% solo si la plantilla crece un 15% o más. Es importante destacar que estas nuevas contrataciones deberán mantenerse durante los dos años siguientes.

En términos cuantitativos, el cálculo de la reducción propuesta por Hacienda se realizaría multiplicando por 0,25 la subida del SMI bruto correspondiente al inicio del periodo fiscal, siempre que la plantilla no sobrepase el 5%. Para incrementos mayores, las multiplicaciones serían de 0,50 para un aumento entre el 5% y el 10%, de 0,75 si crece más del 10% y menos del 15%, y finalmente 1 si el incremento es del 15% o más.

Para el acceso a esta reducción, será fundamental que la plantilla media se mantenga o aumente respecto a la cifra inicial al cierre del periodo fiscal, y que ese incremento perdure durante dos años tras la conclusión del año de aplicación de la reducción impositiva.

Si una empresa no cumple con estos criterios, se llevará a cabo una regularización de las reducciones indebidas, lo cual incluiría los intereses de demora pertinentes, en línea con las directrices de Hacienda.

Este jueves, se llevará a cabo una reunión crucial con los agentes sociales en la que se espera que finalmente se alcance un acuerdo, según lo indicado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya anticipó que esta será la última oportunidad para lograr un consenso.

El Ministerio de Trabajo ha notificado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que la propuesta de aumentar el SMI para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, será del citado 3,1%, elevándolo a 1.221 euros mensuales por catorce pagas. En la reunión reciente, se sugirió la posibilidad de implementar un incentivo fiscal, diseñado por Hacienda, que beneficiaría a las empresas más impactadas por el SMI, todo ello vinculado a la mejora de los sueldos más bajos y la estabilidad de los empleos existentes.

La intención del Ministerio de Trabajo es clara: mediante este incentivo fiscal, las empresas deberían aumentar los sueldos de sus empleados más vulnerables, evitando que permanezcan en el umbral del SMI.