La organización Hazte Oír, conocida por su postura inflexible en el caso Koldo, ha hecho una solicitud al juez instructor de la Audiencia Nacional para que impute a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, tras admitir que fue ella quien facilitó el contacto entre Íñigo Rotaeche y Michaux Miranda, este último bajo investigación por presuntas actividades corruptas en contratos para la compra de mascarillas.

En un documento al que Europa Press ha tenido acceso, Hazte Oír destaca que Miranda corroboró esta información durante su declaración ante el juez el 19 de septiembre.

En relación a Pardo de Vera, la organización subraya su rol clave en la adjudicación favorable a Soluciones de Gestión, empresa implicada en la trama, sin haber realizado una investigación adecuada sobre su capacidad y solvencia, a pesar de ocupar un cargo de gran responsabilidad en Adif. Según su propia confesión, actuaba bajo su función supervisora como presidenta de la entidad.

Además, la plataforma resalta que Pardo de Vera admitió que Miranda se encargaría de gestionar la contratación y que estuvo en contacto con Koldo García, ex asesor del ex ministro Ábalos, durante aquellos días debido a temas logísticos relacionados con los vuelos. Hazte Oír señala ciertas contradicciones en la declaración de Pardo de Vera, pues primero afirmó no conocer a Raminatrans SL para luego reconocer su labor logística en el transporte de productos sanitarios.

La organización solicita que se realicen otras diligencias, como interrogar a José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según Belmar, ex alto cargo del Ministerio del Interior, Rodríguez González fue quien lo derivó a Soluciones de Gestión y le informó sobre la línea de compra y la posibilidad de unirse a ella. Igualmente, piden la declaración como testigo de Manuel Salces, administrador de Terraplanet del Sur SL, quien ofreció un millonario suministro de mascarillas a un precio mucho menor que el ofertado por Soluciones de Gestión.

En esa misma línea, solicitan que se llame a declarar a Rafael Milla, propietario de Raminatrans SL, la empresa encargada de distribuir el material sanitario adjudicado en el caso.