Este miércoles 26 de noviembre, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, organizará una jornada de huelga y concentración en Madrid para exigir un nuevo acuerdo que promueva una carrera profesional justa, alineada con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Su objetivo es preservar los recursos y fortalecer la capacidad de la Administración en la lucha contra el fraude y en la gestión del gasto público.

Los técnicos han manifestado su descontento ante el estancamiento de la carrera profesional, la falta de opciones de movilidad y el escaso reconocimiento de sus cruciales funciones. Señalan que esta combinación de factores debilita significativamente la capacidad para combatir el fraude fiscal y gestionar de manera correcta el gasto público.

Gestha ha alertado sobre las consecuencias que la falta de una trayectoria profesional en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Ministerio de Hacienda está provocando. La estructura administrativa se ve deteriorada, lo que conlleva a una pérdida de recursos fundamentales que afecta tanto a los contribuyentes cumplidores como a los servicios públicos financiados por sus impuestos.

Un ejemplo contundente de esta situación es el desplome del 82% en las denuncias por delitos fiscales desde 2011. Según los técnicos, este descenso refleja un “débil control” sobre los grandes evasores, mientras que la presión aumenta sobre particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Otro de los motivos de protesta de los técnicos radica en la movilidad geográfica y funcional. Según Gestha, la AEAT ha instaurado criterios que van en contra de lo que sería más adecuado para el personal. Aproximadamente 1.200 técnicos desearían trasladarse a localidades donde tienen sus lazos familiares y afectivos, pero se ven impedidos porque las plazas se ofrecen preferentemente a nuevos opositores, dejando a los más veteranos sin opciones hasta que se ocupan las vacantes restantes.

Los técnicos de Hacienda advierten que esta falta de movilidad genera un ambiente laboral desmotivado, con vacantes sin cubrir en áreas con altos índices de economía sumergida y una alta rotación de personal que obstaculiza la especialización necesaria para luchar eficazmente contra el fraude.

Además, Gestha ha demandado que se aborde lo que consideran una "deuda histórica" con el colectivo de técnicos, instando a una reorganización que dé lugar a estructuras más eficaces en la lucha contra el fraude y el control del gasto. Esta solicitud se enmarca dentro de una disposición de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que ya reconocía la necesidad de desarrollar la carrera administrativa de estos profesionales y de valorar adecuadamente su labor y responsabilidades.