En un esfuerzo por fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género, el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía. La iniciativa busca garantizar la funcionalidad del Sistema Cometa, el programa que gestiona el uso de pulseras para agresores.

Según información proporcionada por el equipo de la ministra Ana Redondo a Europa Press, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género será la encargada de remitir esta comunicación. El objetivo es abordar y mejorar las diversas cuestiones que, según el ministerio, están dificultando la eficacia de dichos dispositivos de control.

Entre las problemáticas a destacar, se menciona el uso inapropiado de las pulseras por parte de los agresores, así como su desatención a las normas establecidas por la justicia. En la carta se advierte que, aunque siempre se inicia un proceso por incumplimiento de condena, esto no ocurre de manera consistente. Además, se exige que se asuman las responsabilidades por los posibles daños causados.

Asimismo, el ministerio ha subrayado situaciones en las que la prohibición de acercarse a la víctima es inferior a los 350 metros, una distancia que consideran fundamental para asegurar una respuesta rápida y efectiva por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Alertan que reducir esa distancia compromete seriamente la capacidad de reacción en caso de un posible ataque.

Igualmente, se pone de relieve la problemática que surge cuando la residencia del condenado está dentro de los límites establecidos judicialmente. En dichos casos, el sistema se ve sometido a una presión constante, generando múltiples alertas tanto para los cuerpos de seguridad como para la propia víctima, lo que puede resultar contraproducente.

Finalmente, se señala la deficiencia de cobertura en áreas donde viven tanto los agresores como las víctimas. Desde el Ministerio de Igualdad advierten que ante la falta de señal, no se puede asegurar un seguimiento eficaz en todo momento, lo cual es crucial para el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo.

En su informe anual de 2024, la Fiscalía General del Estado constató numerosos fallos en el funcionamiento de estos dispositivos telemáticos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad reiteraron su compromiso de que las víctimas siempre han estado protegidas ante posibles riesgos.