Igualdad vincula sus apoyos a la adopción del enfoque abolicionista en prostitución, reafirmando su compromiso político.
En un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género, el Ministerio de Igualdad ha comenzado a revisar las bases reguladoras para sus subvenciones destinadas a la sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias que enfrentan las mujeres. Este proceso incluye una nueva propuesta que excluye a entidades que no adopten una postura abolicionista respecto a la prostitución.
El nuevo borrador, que ha sido accesible a medios como Europa Press, establece que para ser elegibles para estas ayudas, las organizaciones deberán reconocer explícitamente tanto la prostitución como la explotación sexual y reproductiva como manifestaciones de violencia contra las mujeres. Este reconocimiento deberá estar reflejado en los estatutos de las entidades o demostrarlo a través de su historia y posicionamiento en la materia.
Desde el Ministerio, se ha comunicado que esta convocatoria de subvenciones ha cumplido con todos los requisitos legales pertinentes, asegurando que está en perfecta consonancia con las principales políticas que impulsa el departamento. Además, confirmaron que se tendrán en cuenta las alegaciones presentadas por interesados durante el proceso de consulta pública.
Esta propuesta se enmarca en el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha sido renovado, y se presenta como una medida fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres. El texto también destaca que busca promover los valores de igualdad, diversidad y tolerancia en la sociedad.
De acuerdo con el Ministerio, tras una evaluación interna después de la última convocatoria, se ha detectado la necesidad de realizar ajustes que fortalezcan la perspectiva feminista como una herramienta clave en la lucha por la igualdad y en la transformación de estructuras patriarcales. Esto incluye mejoras en la tramitación y una mayor garantía en la calidad de los proyectos financiados.
Además de esta importante modificación, se están actualizando otros requisitos técnicos así como criterios para valorar los proyectos, enfatizando la experiencia en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, la solidez metodológica y el impacto social de las iniciativas propuestas.
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