MADRID, 27 de noviembre.

El Gobierno español ha alcanzado un significativo acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF, que promete un aumento salarial del 11% para más de tres millones de funcionarios públicos entre 2025 y 2028. Este plan establece un incremento inicial del 2,5% para el año presente, seguido de un 1,5% en 2026 —con posibilidad de un 0,5% adicional dependiendo del IPC—, y un 4,5% en 2027, finalizando con un 2% en 2028.

A partir de este diciembre, los trabajadores del sector público verán reflejado un aumento del 2,5% en sus nóminas, aplicado de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Este retroceso en el tiempo busca compensar a los funcionarios por el periodo en el que ya deberían haber recibido este aumento.

La forma de calcular este incremento implica tomar como referencia el salario que los funcionarios percibían a finales de 2024 y aplicar el nuevo porcentaje sobre cada mensualidad repartida en 14 pagas anuales, lo que asegura que el incremento se refleje en una cantidad adecuada a lo largo del año.

Para ilustrar, un funcionario con un salario base de 861,46 euros mensuales a finales de 2024, además de otros complementos, recibiría un incremento total de aproximadamente 45,45 euros al mes, lo que se traduce en 636,3 euros adicionales que se abonarán en diciembre.

A pesar de estas mejoras, es posible que el pago se retrase si la administración no tiene todos los documentos necesarios o enfrenta dificultades técnicas. En este caso, el abono se realizará en la primera nómina que sea viable.

Este aumento salarial beneficiará a todos los trabajadores del sector público, incluyendo funcionarios, trabajadores laborales y estatutarios. En caso de fallecimiento del funcionario, sus herederos tendrán derecho a solicitar los pagos pendientes.

El abono del aumento será automático para quienes no hayan cambiado de puesto; sin embargo, aquellos que hayan cambiado de lugar de trabajo o de administración deberán gestionar la solicitud a través de los canales correspondientes.

Para el año 2026, se ha determinado un incremento fijo del 1,5%, con la posibilidad de añadir otro 0,5% si la inflación a fin de año supera la cifra planteada. Este porcentaje adicional se pagará en el primer trimestre de 2027 y también tendrá carácter retroactivo.

Este aumento de 2026 será el único que combinará un componente fijo y uno variable; los ajustes posteriores se realizarán únicamente al alza fija.

Además del incremento salarial, los funcionarios disfrutarán de mejoras en sus condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición, que limitaba el número de plazas disponibles según las bajas de empleados, y la simplificación de procesos selectivos para permitir un acceso más rápido a nuevos puestos, lo que busca reducir la temporalidad en el empleo público.

Con la eliminación de la tasa de reposición, las administraciones tendrán mayor flexibilidad para convocar plazas según sus necesidades reales, lo que busca fortalecer las plantillas y ofrecer una atención más eficiente al público.

A través de este acuerdo, se espera que los procedimientos para la selección de personal se hagan más ágiles, facilitando así la cobertura de vacantes de forma más rápida y eficiente.