La necesidad de abordar la violencia digital desde una perspectiva de género se convierte en un imperativo en el contexto actual, según un reciente informe respaldado por el Ministerio de Igualdad en España. Este estudio, titulado 'Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital', subraya la urgencia de fortalecer la formación especializada en ciberdelincuencia y de aumentar los recursos destinados a estas problemáticas.

El informe, elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, busca profundizar en las características de la violencia digital que afecta a mujeres y menores, además de evaluar su impacto y el cumplimiento de la normativa vigente. Se pone de manifiesto que la violencia digital representa un fenómeno en constante transformación, lo que exige una respuesta integral que contemple aspectos normativos, educativos y tecnológicos.

Dividido en tres secciones, el estudio comienza por explorar la situación actual de la violencia digital, luego se enfoca en la experiencia de los menores, y finalmente examina el marco legislativo. Una de las conclusiones más relevantes es la ausencia de una definición clara y universal de 'violencia digital', lo que dificulta su regulación y tratamiento legal adecuado.

El documento señala también que la exposición temprana a contenido violento y pornográfico, sumada a la falta de medidas regulatorias efectivas, contribuye a naturalizar comportamientos dañinos, afectando la salud emocional de las y los jóvenes. Enfatiza que la violencia en línea tiene un efecto particularmente agudo en mujeres y niñas, reforzando desigualdades de género e históricas estructuras patriarcales. Se citan datos de la ONU que revelan que más del 73% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el entorno digital, y que el 90% de las víctimas de divulgación no consensuada de imágenes íntimas son mujeres.

Asimismo, el informe reconoce el papel vital de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas potentes en la lucha feminista, facilitando la organización, la visibilidad de mensajes de concienciación y la movilización colectiva.

Sin embargo, el estudio también advierte sobre los nuevos desafíos y riesgos que plantea el uso de inteligencia artificial (IA), especialmente en la replicación de sesgos y discriminación, lo que podría impactar negativamente en decisiones relacionadas con empleo, justicia penal y el acceso a servicios.

Por otro lado, se destaca que en España se han introducido reformas que abordan delitos específicos como grooming, sexting, acoso, y la difusión de pornografía infantil, incorporando la dimensión tecnológica. Aun así, el informe insta a que se definan claramente los tipos de violencia digital, que se implementen protocolos unificados, se fortalezca la cooperación internacional y se tipifiquen nuevos delitos que aborden tanto la identidad digital como la manipulación mediante IA.