En un preocupante panorama, el Ministerio del Interior ha puesto de manifiesto la alarmante situación de la violencia de género en España. Según datos recientes obtenidos de su Sistema VioGén, hasta noviembre se han contabilizado un total de 101.008 casos activos de violencia de género en el país. Esta cifra, que evidencia la magnitud del problema, fue divulgada por Europa Press y se fundamenta en estadísticas del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska.

Los registros disponibles hasta el 31 de octubre de este año revelan una distribución inquietante entre los casos activos. De las 101.008 situaciones registradas, 31 se encuentran catalogadas como de riesgo extremo, mientras que 1.119 son consideradas de alto riesgo. Además, 15.491 personas están en una situación de riesgo medio, 44.564 en riesgo bajo y en 39.803 casos no se ha podido determinar el nivel de riesgo. Este desglose pone de relieve la grave vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres y sus familias ante la violencia de género.

Particularmente alarmante es el número de casos que involucran a menores, ya que se han identificado 1.711 situaciones en las que los hijos e hijas están en riesgo de ser agredidos por los agresores de sus madres. De estos menores, siete se encuentran en una situación de riesgo extremo, 157 en alto y 1.547 en riesgo medio. La estadística también revela la existencia de 120 casos de niños y niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad alta y extrema, divididos en 115 y cinco respectivamente. Además, hay 1.581 casos donde los menores están considerados en riesgo medio.

El informe del Ministerio del Interior también presenta un desglose regional que muestra que Andalucía lidera las cifras de violencia de género, con 26.355 casos activos. Le siguen la Comunidad Valenciana con 16.832 y la Comunidad de Madrid con 12.417. A continuación se encuentran otras comunidades como Canarias, Murcia y Galicia, que también enfrentan altos niveles de violencia de género. Este panorama regional pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar de manera efectiva y coordinada esta problemática en todo el territorio nacional, garantizando así la protección y bienestar de las víctimas y sus familias.