El 24 de octubre de 2023, desde Madrid, se ha producido un desarrollo legal significativo en relación con la industria armamentística y su conexión con conflictos internacionales. El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir una investigación que involucra al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ante acusaciones graves de contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad, derivados de la venta de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI) sin la debida autorización del Estado español.

La Audiencia Nacional ha hecho pública esta investigación, que también abarca a otros dos altos funcionarios de la compañía, y ha levantado el secreto sobre las actuaciones en curso. Esto permite una amplia divulgación del proceso y un esclarecimiento de las acciones que han llevado a la apertura de este caso.

El magistrado ha señalado que los implicados eran plenamente conscientes de que la empresa compradora es un reconocido fabricante de armamento, tanto ligero como pesado, y que el acero en cuestión estaría destinado a la producción de material bélico. Este dato pone de relieve la seriedad de las acusaciones contra Jainaga y sus colaboradores.

Además, el juez ha subrayado que las transacciones se realizaron sin la solicitud correspondiente de autorización gubernamental y sin la debida inscripción en el registro pertinente, según un documento de la Comisaría General de Información elaborado el 10 de septiembre. Esta falta de diligencia podría tener consecuencias legales severas.

Las tres personas bajo investigación, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, deberán comparecer ante el juez el 12 de noviembre. Este será un momento crucial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno en esta compleja trama que implica intereses económicos y la ética en el comercio de armas.