El conflicto en el sur de Líbano ha vuelto a escalar tras el anuncio del Ejército israelí sobre la muerte de tres supuestos miembros de Hezbolá, un partido-milicia chií. Estos ataques, llevados a cabo en el municipio de Kafra, ocurren a pocas horas de la vigencia de un alto el fuego acordado a finales de 2024, lo que ha generado una nueva ola de tensión en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que, en el transcurso del día, eliminaron a dos individuos a los que no han identificado, pero a quienes acusan de ser "ingenieros operativos" en Hezbolá, además de estar involucrados en la reconstrucción de su infraestructura militar. Estos actos levantan interrogantes sobre la naturaleza de la protección de civiles en medio de un conflicto en desarrollo.

En un ataque aéreo previo, las FDI alegan haber asesinado a Ali Muhamad Qaruni, un representante local de Hezbolá en Kafra. Según la declaración oficial, Qaruni tenía un rol crucial en la comunicación de Hezbolá con los habitantes de la aldea, tanto en cuestiones económicas como militares.

Además, se le acusa de expropiar propiedades para satisfacer las necesidades logísticas de la organización, tomando en alquiler viviendas para el almacenamiento de armas y operaciones de vigilancia, lo que subraya la complejidad de la situación humanitaria en el área, donde la población civil se ve atrapada en el fuego cruzado.

Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado un saldo trágico de más de cien civiles fallecidos en ataques israelíes contra Líbano desde el inicio del alto el fuego, sin reportes de ataques desde el lado libanés hacia Israel. Este dato resalta la necesidad urgente de proteger a la población vulnerable en el conflicto.

A pesar del acuerdo de cese de hostilidades, Israel ha continuado sus bombardeos bajo el pretexto de combatir a Hezbolá. Las autoridades israelíes sostienen que no están violando el alto el fuego, un argumento que ha sido cuestionado tanto por el gobierno libanés como por el propio Hezbolá, así como por informes de la ONU que condenan estas acciones. Israel, además, sigue realizando vuelos de vigilancia en el espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, que se estableció tras meses de intensos combates a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, demandaba el retiro de tropas de ambos lados del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí mantiene varios puestos en territorio libanés, una permanencia que ha sido objeto de críticas tanto de las autoridades libanesas como del grupo chií, quienes exigen el cese de esta presencia militar.