El juez de la Audiencia Nacional que se encarga de la investigación del atentado perpetrado por ETA contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002 ha solicitado permiso a Francia para procesar a las exjefas de la banda, María Soledad Iparraguirre ('Anboto') y Ainhoa Múgica ('Olga').

El juez ha acordado librar una orden europea de detención a las autoridades galas después de que ellas se acogieran al principio de especialidad, argumentando que no habían sido entregadas a España por estos hechos. El magistrado considera que ambas mujeres, que fueron exdirigentes de ETA, "deben ser llamadas a declarar como investigadas, al quedar acreditada su integración en la cúpula ejecutiva de la organización", que habría dado supuestamente la orden de atentar contra la casa-cuartel.

El juez sostiene que fueron integrantes del comité ejecutivo de ETA en la fecha del atentado que causó la muerte de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años. El magistrado indaga en la presunta responsabilidad de la cúpula de la organización terrorista en dicho ataque.

El informe policial destacó el "control total" que ejercía la cúpula de ETA cuando se produjeron los hechos. La Asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa, también remitió al juez un informe policial de 2014, donde se destacaba el "dominio total" que la banda tenía de todos los implicados en los ataques. Por todo ello, el magistrado dirigió su investigación a los presuntos autores intelectuales del ataque.