MADRID, 22 de enero. Un nuevo escándalo de corrupción ha tomado protagonismo en la Audiencia Nacional, donde el juez al frente de la investigación sobre una compleja trama de fraude en el sector de hidrocarburos ha desvelado graves irregularidades vinculadas a la figura de Víctor de Aldama, apodado como el 'conseguidor' en el polémico 'caso Koldo'. Se estima que las actividades ilícitas de esta red habrían defraudado la impresionante suma de 182,5 millones de euros.

Según un reciente auto del juez, fechado el 13 de diciembre y que ha sido revelado por Europa Press, se detalla cómo esta organización criminal utilizó diversas empresas, incluyendo Have Got Time, como un medio para obtener liquidez. Estas operaciones no solo sirvieron para financiar actividades fraudulentas, sino que también condujeron a la adquisición de propiedades que posteriormente habrían sido utilizadas por José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE.

El relato del juez indica que el entramado empresarial inicial estuvo liderado por la operadora Villafuel y otras firmas vinculadas al sector energético, bajo el control directo e indirecto de Claudio Rivas y De Aldama. Se menciona que Gaslow Abastecimientos SL, una de las empresas implicadas, fue dirigida durante gran parte de 2020 por Rivas, quien fue fundamental en la creación de una nueva estructura que involucraba a Have Got Time como proveedora y a varias operadoras como comercializadoras.

El análisis de la investigación ha llevado al juez a concluir que la asociación entre De Aldama y Rivas comenzó a principios de 2021, una relación que se ha podido corroborar con la información extraída de dispositivos móviles incautados en operativos realizados el 7 de octubre de 2024. La investigación ha evidenciado que Have Got Time y Combustibles Lucinala SL fueron utilizadas como instrumentos de la organización criminal en su pérfido cometido, que abarca delitos contra la Hacienda Pública valorados inicialmente en unos 49 millones de euros durante los años 2021 y 2022.

Se apunta que la trama no solo buscaba evadir impuestos, sino que también se involucró en operaciones que sirvieron para financiar actividades criminales adicionales, entre ellas, la adquisición de un inmueble que sería utilizado por el exministro Ábalos en una urbanización de Cádiz, de acuerdo a lo sostenido por la Unidad Central Operativa (UCO).

En la investigación, se identifican a Leonor María González Pano y María del Carmen Pano como administradoras de Have Got Time y Combustibles Lucinala SL, respectivamente. Luis Alberto Escolano, otro nombre asociado al 'caso Koldo', ha sido señalado como un colaborador cercano de De Aldama, encargado de supervisar la creación de esta estructura empresarial, además de beneficiarse de los bienes obtenidos a través de estas operaciones.

El juez ha destacado que las indagaciones realizadas por la UCO sugieren que tras la reactivación de las actividades comerciales con Gaslow Abastecimientos SL, la trama transfirió sumas millonarias a cuentas de Combustibles Lucinala y, posteriormente, a la de Villafuel SL. Esta última, luego de ser capitalizada, logró obtener oficialmente el estatus de operadora de productos petrolíferos.

Se añade que la organización criminal había establecido una compleja red de empresas, abarcando tanto España como jurisdicciones internacionales, cuyo objetivo último parece ser el lavado de capitales a través del uso de diversas cuentas bancarias. Este esquema delictivo ha sido objeto de un riguroso escrutinio por parte de las autoridades.

Otra de las empresas en el entramado, Combustibles Lucinala SL, ha sido central en el traslado de fondos a cuentas de Villafuel SL y a otras ubicaciones, llevando incluso a cuentas bancarias en China, lo que resalta la sofisticación de la estructura creada para desviar y ocultar capitales ilegítimos.

En el mismo auto, el juez ahonda en el papel de Luis Alberto Escolano, destacando su relación personal con De Aldama y su conexión a través de varias empresas domiciliadas en Portugal. Escolano ha sido señalado como el receptor de 1,4 millones de euros en cuentas de su empresa portuguesa, agarrobvio Unipessoal LDA, además de recibir transferencias significativas de otras entidades vinculadas a él.

El juez también ha apuntado que Escolano adquirió activos anteriormente poseídos por Claudio Rivas, incluyendo un vehículo de lujo que había sido registrado a nombre de Combustibles Lucinala, lo que pone de relieve las conexiones intrincadas dentro de esta red corrupta.

Un hallazgo alarmante fue el hecho de que Escolano podría haber guardado documentación sensible de De Aldama en su residencia, lo cual fue confirmado durante el análisis de sus comunicaciones, revelando que enviaba información crucial a su socio.

Finalmente, el magistrado Pedraz concluyó que la cúpula de la organización criminal estaba compuesta por especialistas que poseían un profundo conocimiento del sector y de su normativa, así como recursos suficientes para establecer nuevas estructuras comerciales que sustituyeran a las que actualmente estaban bajo investigación. Este entramado revela la necesidad de una respuesta contundente y efectiva por parte de las autoridades frente a la corrupción y la impunidad que permean algunos sectores de la economía española.