Keiko Fujimori quiere copiar el modelo de Bukele: así podría cambiar la seguridad en Perú
Fujimori quiere replicar el modelo de Bukele en Perú: penales de alta seguridad y mando unificado. Lo que cambiaría para los ciudadanos.
Perú quiere copiar el modelo de seguridad de El Salvador. Así lo anunció la presidenta Keiko Fujimori durante su visita de Estado a San Salvador, donde llamó a Nayib Bukele un "faro de esperanza" para toda Latinoamérica.
La idea es sencilla de contar, aunque su alcance es enorme. Fujimori habló de construir penales de alta seguridad inspirados en los salvadoreños, de aplicar programas de trabajo obligatorio bajo el esquema de "cero ocio" y de declarar a las organizaciones criminales como "grupos terroristas". También quiere un mando unificado entre el Ejército y la Policía Nacional. Es decir, cambios de fondo en cómo se combate el crimen.
¿Qué significa esto? Para entenderlo hay que mirar lo que pasó en El Salvador. Bukele logró bajar los homicidios de forma muy drástica, pero lo hizo con un régimen de excepción que lleva años vigente, con miles de detenciones y denuncias de organizaciones de derechos humanos por abusos y detenciones sin garantías. Ese es el lado que la visita no mencionó y que conviene tener presente antes de aplaudir cualquier cifra.
Para la gente de a pie, la cuestión es directa: ¿se sentiría más segura una familia que vive en un barrio peruano con una política así? Puede que sí, sobre todo si hoy vive con miedo a la extorsión o al robo en la calle. Pero también hay que preguntarse quién decide quién es "criminal", qué pasa con los inocentes que caen en las redes y qué control existe sobre las cárceles.
Y hay otro punto práctico: adaptar un modelo a otro país no es copiar y pegar. Perú tiene su propia realidad, con sus leyes, su sistema judicial y su historia reciente. Bukele mismo lo reconoció al decir que cada Estado debe adaptar las soluciones a su idiosincrasia delictiva.
Qué puede pasar ahora: el Congreso peruano tendría que aprobar las medidas legales, y eso puede tardar meses o incluso chocar con la oposición. Los ciudadanos afectados, sobre todo en zonas con más delincuencia, pueden seguir de cerca los proyectos de ley, pedir información a sus representantes y exigir que cualquier reforma tenga controles judiciales y transparencia. Lo que se decida en Lima se notará en la vida diaria de millones de personas, así que vale la pena estar atentos.